Un político o un partido pierden el norte cuando se encierran en su castillo y dejan de escuchar a los ciudadanos. Y a partir de aquí el único camino que queda es la deriva hacia posiciones autoritarias. Por ello, lo mejor para evitar los vicios que causa gobernar es recurrir a una cura de humildad como, por ejemplo, puede ser preguntar a los votantes sobre una cuestión concreta.

En Canarias durante los últimos días el debate político se ha centrado de forma casi exclusiva alrededor de una simple pregunta: “¿Está usted de acuerdo con las prospecciones de petróleo autorizadas a la multinacional Repsol frente a las costas de nuestras islas?”. No tanto desbarata y descoloca la pregunta como el hecho de que un gobierno y previsiblemente también el parlamento autónomo hayan decidido consultar a los ciudadanos. 

Desde este momento será el ejecutivo del Partido Popular (PP) el que tendrá la última palabra. Y lo cierto es que ninguno de los escenarios que tiene ante sí resulta demasiado alentador. Si acepta la consulta se arriesga a perderla y dejará en evidencia a su ministro canario, José Manuel Soria que parece ser el auténtico responsable de este altercado institucional. En caso de que rechace la propuesta se tendrá que enfrentar a la larga serie de protestas ciudadanas y sospechas añadidas que traerá consigo. No se puede comprender que Soria mantenga un silencio cómplice en contra de las prospecciones en Baleares y sin embargo esté rotundamente a favor con las de Canarias. De hecho, esa fue la primera decisión que tomó nada más ser nombrado ministro.

El dirigente popular se embebió de su propio poder, se ha perdido en su laberinto y ahora paga las consecuencias. Su calculada dualidad y contradicciones parecen fuera de lugar y son como mínimo inexplicables. Ahora el gobierno canario se ve en la obligación de consultar a los ciudadanos precisamente porque en su momento el ejecutivo central no fue capaz de unificar posturas con el autónomo. Tal vez si hubiese habido diálogo e intentos serios de llegar a un consenso no estaríamos hoy en el punto en el que nos encontramos: enfrascados en una protesta ciudadana, en medio de un enfrentamiento político con pocos precedentes en nuestra reciente historia y con varios recursos judiciales tramitándose en los tribunales.

Si hubiese existido voluntad de consenso institucional se podría haber conseguido que los recursos petrolíferos que quizás se extraigan de nuestras costas redunden en la calidad de vida de los españoles y canarios. Lo lógico es que si nos exponemos a los riesgos, al menos nos merecemos también obtener beneficios a corto o medio plazo. Pero lo cierto es que nos encontramos en un escenario totalmente distinto.

Da la impresión de que a los canarios se nos esconden datos de importancia tales como que según la actual legislación internacional España debe asumir indemnizaciones ante un desastre natural, aunque la responsabilidad fuese de Marruecos. Hasta ahora el país magrebí ha aceptado la delimitación de una línea mediana que se sitúa a una distancia equidistante entre ambas costas.

Por cierto, de las 17 prospecciones que ha llevado a cabo Marruecos ninguna ha tenido éxito. La posición del Estado español debe ser de fuerza para exigir el máximo de garantías en la protección del medio ambiente. Pero no da la impresión de que esté ocurriendo así. También parece esconderse que Canarias es uno de los puntos del planeta con mayor potencialidad en energías renovables. Sin embargo, apenas se explota el 5% de estos recursos. Mientras los estudiosos calculan que únicamente quedan reservas de crudo durante medio siglo más.

En las últimas fechas la prensa internacional ha publicado noticias sobre las desavenencias de los gobiernos canario y central, un aspecto al que tal vez nos hemos acostumbrado pero que ha llamado mucho la atención en países como Alemania, Inglaterra o Francia. En todos ellos los medios de comunicación han sido unánimes a la hora de cuestionar las prospecciones utilizando idénticos argumentos y poniendo el acento en el enfrentamiento institucional.

Una y otra vez en la prensa internacional, -que es la que precisamente leen nuestros turistas-, se resalta que el principal valor de las islas es su medio ambiente y su riqueza el turismo. Poner a ambos en peligro implica un riesgo demasiado alto. Las referencias a lo ocurrido en el Golfo de México son constantes. Incluso los expertos coinciden en que en el mejor de los escenarios posibles el máximo de crudo que se podría extraer sólo daría para abastecer un solo día el consumo mundial.

¿Cómo es posible que en el caso de Baleares se rechacen las prospecciones por sus efectos negativos sobre el turismo y en Canarias no?. Creo que estamos en un asunto en el que el gobierno del PP ha incurrido en tantas incongruencias y contradicciones que el resultado de la consulta difícilmente puede ser otro que el rechazo de la población a la aventura petrolera del ejecutivo central. 

El Cabildo de La Gomera hace algunas fechas se opuso a las prospecciones uniéndose así a la amplia cadena de instituciones que se han pronunciado en el mismo sentido. Ahora volveremos a hacerlo el próximo 24 de febrero al convocar un pleno extraordinario en el que mostraremos nuestra postura inequívoca de apoyo al Gobierno canario para que los ciudadanos puedan ejercer un derecho que considero legítimo, democrático, plural y transparente.

Desearíamos que el acuerdo fuera institucional pero mucho nos tememos que en las filas del PP de La Gomera prevalecerán una vez más los intereses partidistas antes que los de nuestro pueblo. Los socialistas consideramos que la consulta debe enmarcarse en el estilo y la tradición más pura de la democracia directa para que los ciudadanos tengan la posibilidad de opinar. Hay países como por ejemplo Suiza donde es costumbre sondear a los votantes sobre aspectos que a nosotros nos pueden parecer de menor enjundia que las prospecciones petrolíferas.

Tal vez por la coincidencia que ha surgido en el tiempo algunos confunden -y otros más intentan confundir- esta consulta con la que se ha planteado en Cataluña sobre el soberanismo. Pero nada más lejos de la realidad. En nuestro caso hablamos de un rechazo de todas las islas, un atentado al medio ambiente y un malabarismo sin red sobre la industria turística, mientras que en Cataluña apenas supone una diatriba con más ruido que nueces.

En Canarias la oposición es clara, mientras que en Cataluña casi la mitad de la población sigue sintiéndose española. Da la impresión de que todos estos argumentos se han puesto sobre la mesa con el fin deslegitimar una consulta que incluso ha llegado a ser tachada de ilegal. Y es que a veces una simple pregunta puede derrumbar imperios y dejar en evidencia al mayor de los sabios.