La construcción de la Autonomía dejó huérfanas de influencia institucional a las cinco islas no capitalinas. Canarias, que tanto ha protestado históricamente por los males del centralismo en España, no dudó en practicar su propia versión de la “concentración de poder” que se repartió, sin el menor problema y sin objeción alguna, entre las dos grandes islas y las dos grandes áreas metropolitanas.

La historia posterior no solo no es ajena a esta realidad, sino que es una consecuencia de ella. ¿A dónde se van a vivir los jóvenes que desean estudiar una profesión o una carrera universitaria? ¿A dónde se van los que desean trabajar en la industria o en los servicios?  Las islas no capitalinas han sufrido una permanente sangría de población a la que no le ha quedado más remedio que viajar hacia los grandes centros urbanos. Así crecieron las grandes áreas metropolitanas de Tenerife y Gran Canaria, con la aportación de gomeros, herreños, palmeros, majoreros y conejeros que querían encontrar allí lo que no tenían en sus islas: futuro.

El desarrollo turístico vino a cambiarlo todo. El modelo de sol y playa definió el nacimiento de una nueva economía. A veces, brutal en sus tasas de crecimiento. Y cuatro islas se lanzaron a la construcción masiva de hoteles y apartamentos; a la urbanización, no siempre afortunada, de muchas de sus costas, y a la creación de un emporio que ha llegado a mover a millones de visitantes. 

La evolución poblacional de las islas es una consecuencia de estos procesos, institucional y económico, y el reflejo de los déficits estructurales que arrastra el Archipiélago respecto a los sobrecostes de la doble insularidad y la desigualdad. En esta tierra hay dos Canarias que van a distintas velocidades y se ha creado una brecha enorme en la calidad de los servicios públicos, en el coste de la vida y en las oportunidades a las que pueden aspirar unos canarios y otros no. Si no hacemos nada por revertir esa realidad, la brecha se convertirá en un abismo insalvable.

 

Las tres Islas Verdes, La Palma, La Gomera y El Hierro, sufren sobrecostes económicos y falta de oportunidades que han producido un permanente despoblamiento. Plantear medidas específicas para estas tres islas cuyo modelo de vida y de desarrollo es completamente distinto al de las demás, no solo es una obligación, es un imperativo de justicia social.

En un siglo donde la tecnología permite trabajar en muchas profesiones desde cualquier rincón del planeta, crear un incentivo fiscal para las rentas del trabajo en esas tres “Islas Verdes” es una herramienta maravillosa para atraer una nueva población interesada en esas ventajas fiscales. Y para hacerlo no necesitamos el permiso de Madrid, sino nuestra propia voluntad. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que grava los rendimientos del trabajo, tiene un tramo también autonómico y su bonificación depende de los propios canarios.  

En los últimos años, los distintos gobiernos de Canarias han prestado mayor atención a las tres Islas Verdes con medidas especiales adaptadas a su realidad. Sería injusto negarlo. Ahí está la adaptación de la Ley de Turismo o el Fondo de Desarrollo de Canarias. Pero esto no es más que la coherencia que Canarias debe tener consigo misma. Si Europa ha recogido en el Tratado de Lisboa la necesaria adaptación de las políticas de la Unión con los territorios ultraperiféricos, que necesitan de medidas especiales adaptadas a su especial realidad, ¿cómo no se va a reconocer en Canarias esa otra “doble insularidad” que padecen las Islas Verdes?

No deseamos un modelo de crecimiento turístico masivo. No queremos destrozar nuestro medio ambiente. Ni siquiera pretendemos alterar el equilibrio institucional que tanto esfuerzo ha costado crear en Canarias. Simplemente queremos que se trate a nuestras tres islas como España trató a Canarias con la Ley del REF. O como Madrid trata a los residentes de Ceuta y de Melilla, a los que desgrava un 60% del impuesto sobre las rentas del trabajo, y cuyo número de habitantes supera, con mucho, el de nuestras Islas Verdes.