España arrastra una lacra especialmente dolorosa: su nivel de salarios está a la cola de los países europeos. El precariado laboral se ha convertido en una nueva clase social que engloba a cientos de miles de personas que a pesar de tener un trabajo padecen los efectos de la pobreza, porque las retribuciones que obtienen no les permiten mantener una vida digna. 

Canarias, para nuestra desgracia, es una de las Comunidades que peores indicadores presenta en el terreno de los sueldos de los trabajadores del sector privado. Y lo que es muchísimo peor, al mismo tiempo es uno de los territorios de España con la cesta de la compra más cara. Tener un costo de vida muy alto y salarios muy bajos constituye una combinación letal. Para comprobarlo solo hay que acercarse y mirar los datos de los trabajos sobre exclusión social y bolsas de pobreza, que en estas islas siempre superan por mucho la media española.

La decisión del Gobierno de España de subir el Salario Mínimo Interprofesional está tardando en llegar. Es de justicia hacerlo. Hay que ayudar a las familias a pagar los incrementos del recibo de la luz y el encarecimiento de los productos de primera necesidad que se está produciendo y que, con el impacto del alza del precio de la energía, se va a disparar en los próximos meses.

Es cierto que para muchas empresas, pequeñas y medianas, esos 15 o 20 euros que al final se suben cada mes sobre los 950 del salario mínimo constituyen un esfuerzo. Pero estoy seguro que podrán asumirlo. Estamos hablando de menos de trescientos euros anuales. No es una locura, ni mucho menos. Y es necesario hacerlo, porque este país no puede seguir siendo competitivo sobre la base de tener salarios bajos. Hay que subir el suelo de los sueldos, porque eso supondrá una pequeña ayuda para cientos de miles de trabajadores y, además, un chute para la capacidad de consumo. Porque, al final, el dinero que va a los salarios se mueve en el mercado para adquirir bienes y servicios, lo que favorecerá la economía.

Hay que subir el SMI. Y hay que hacerlo ya. Pero no solo nos debemos quedar ahí. El mismo esfuerzo que se le debe exigir con toda contundencia al mercado privado, hay que pedírselo a las administraciones públicas. Porque también es de justicia que subamos las asignaciones que reciben, por ejemplo, las pensiones no contributivas. ¿Cómo podemos seguir tolerando que más de cuarenta mil personas en Canarias, en su mayoría mujeres, sobrevivan con menos de cuatrocientos euros mensuales?

Uno de los peores efectos de la crisis económica que hemos padecido a causa de la pandemia es el encarecimiento de las materias primas y los combustibles, que está repercutiendo en un alza de los precios. Esto empobrecerá aún más a nuestra sociedad, haciendo que perdamos capacidad adquisitiva. Y no puedo por menos que recordar que esto que padecemos todos, afectará en mayor medida a territorios lejanos como Canarias y muchísimo a las islas no capitalinas, donde la doble insularidad es un sobrecoste que se añade a todos los demás. 

Una recuperación justa, como la que plantea la izquierda en nuestro país, significa que los esfuerzos deben ser proporcionales a las capacidades y las ayudas a las necesidades. Tengo la esperanza —y la confianza— de que ese será el espíritu de las políticas especiales que se hagan y los fondos europeos extraordinarios que se manejen. La pequeña subida del SMI es solo una de las muchas medidas que hay que tomar en el camino de salida de la crisis en el que ya estamos.