Desde que la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias anunciara oficialmente el pasado 23 de marzo su intención de ubicar la futura Ciudad de la Justicia en terrenos públicos de El Sobradillo, en la periferia del municipio de Santa Cruz de Tenerife, viene arreciando una fuerte polémica entre el Ejecutivo regional, de una parte, y los jueces y magistrados, fiscales, abogados, procuradores y funcionarios.

Estos colectivos, que esperan desde hace un decenio una alternativa a la actual precariedad de sus infraestructuras, estaban de acuerdo con la primera decisión anunciada por el Gobierno, que establecía una parcela, de propiedad pública también, ubicada en Cabo-Llanos y en las proximidades del actual Palacio de Justicia. Este solar de 3.783 metros cuadrados y unos 50.000 edificables cuenta con proyecto redactado y se sitúa en el centro administrativo de la capital tinerfeña, junto a la actual sede judicial, al intercambiador de vehículos y a las estaciones de guaguas y tranvía. Es por ello que contentaba a todas las instancias implicadas, que en no pocos casos, además, han realizado inversiones inmobiliarias para trabajar en las proximidades del actual palacio judicial.

Pero, tras el último cambio de titularidad en la Consejería, se anunció que sería mejor la mencionada parcela de El Sobradillo, de 22.000 metros cuadrados de superficie y 65.000 edificables. Las razones esgrimidas para el cambio de decisión es que esos terrenos responden en extensión a las necesidades presentes y futuras que precisen las infraestructuras judiciales de la provincia, pues no sólo hablamos de un partido judicial importante, sino de la Audiencia Provincial, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y del Instituto de Medicina Legal. Sin embargo, los detractores del cambio ven los inconvenientes de una zona mal comunicada, que estará condicionada por la saturación del tráfico y que supondrá un claro perjuicio para profesionales y usuarios de los tribunales.

En la Agrupación Socialista Gomera (ASG) vemos con preocupación esta polémica pública que afecta a toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife.  Y vemos con más preocupación el tono de unas discrepancias que más que ocuparse de lo importante (que la ubicación sea la más adecuada y favorable para los intereses de la administración y los ciudadanos) corren peligro de perderse en una polémica estéril. No es así como se deciden las cosas,

En el último pleno del Parlamento de Canarias, preguntamos al presidente sobre las medidas que adoptará el Gobierno para dar una solución satisfactoria para todas las partes y le invitamos a que esa solución atienda a lo que todos los colectivos implicados puedan aportar y escuche sus argumentos. El presidente nos respondió en igual sentido, señalando que, si todos los colectivos implicados son generosos y se dejan a un lado los intereses particulares, se encontrará la mejor solución al problema planteado. 

Pero esa decisión no se puede dilatar en el tiempo eternamente. Tiene que forjarse desde el diálogo y el consenso y tomando en consideración los argumentos —nada despreciables— de los trabajadores que van a ser los actores principales de esas nuevas instalaciones de la administración pública. Sería un error despreciar sin más sus razonamientos porque algunos tienen un peso considerable. Cabe pensar, además en la necesidad de tener estudios que permitan comparar las ubicaciones propuestas, tanto desde el punto de vista de la funcionalidad como de la facilidad de acceso de los usuarios de la Justicia.

La Administración judicial, que es la que asegura, en última instancia, la igualdad de derechos y obligaciones de todos los ciudadanos, no puede ser una carrera de obstáculos para sus agentes y usuarios, sino un derecho accesible, cercano, “que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular”, tal y como consta nada menos que en el Preámbulo de nuestra Constitución.

Desde ASG volvemos a reclamar públicamente voluntad de diálogo que dé satisfacción a todas las partes y que se atiendan a todas las razones. Pedimos que se garanticen los mejores medios e instalaciones y que se termine eligiendo una ubicación adecuada para que los tribunales hagan su importante labor.

Si queremos elegir responsablemente la mejor solución para todos, es fundamental dejar de lado el enfrentamiento, tender puentes de diálogo y encontrar el mismo consenso que se ha buscado en otros asuntos de Canarias mucho menos trascendentes. Porque la decisión de dónde situar la nueva Ciudad de la Justicia afectará a muchos miles de personas y es lo suficientemente importante como para tomársela muy en serio.