Para llegar a este escenario aún queda tiempo, y con este panorama, es tiempo lo que no debemos perder, porque los ciudadanos nos demandan respuestas, ante un horizonte económico y social que se empeña en ser complejo. 

Queda ya lejos el inicio de este año cuando se registró en La Gomera el primer caso de coronavirus. Fuimos el primer rincón de España en tenerlo y entonces copamos cientos de titulares dentro y fuera del país. La preocupación era evitar la propagación en la isla, pero también el impacto que la noticia tendría en el turismo. Nadie imaginaba lo que sucedería dos meses más tarde. 

El cero turístico y la paralización de la actividad económica ha supuesto un impacto sin precedentes en nuestro país. Canarias se dejará un 30% de su PIB y su tasa de desempleo llegará al 40%. Esta cifras muestran un escenario dramático para las islas, que ya tenían unos índices de pobreza y exclusión social por encima de la media nacional. Pero ahora tenemos que ser capaces de buscar vías de escape que pasan por la fortaleza de las administraciones públicas. 

Durante estas semanas he tenido la oportunidad de compartir datos con el resto de presidentes de cabildos, alcaldes de la isla y empresarios. Todos coincidimos en que la caída de ingresos que padecerán las instituciones canarias sólo será salvable autorizando el uso del superávit y el endeudamiento, porque la previsible merma de recursos procedentes del REF es tan estremecedora que pone en riesgo la continuidad de muchos servicios básicos. 

No queda otra que pedir dinero a los bancos. Garantizar la liquidez de las instituciones es salvaguardar las prestaciones e incentivos que estamos planificando para los más vulnerables, las pequeñas economías domésticas o los autónomos. Son ellos, los más afectados por esta crisis y ahora no podemos dejarlos a un lado, porque la unidad de acción es uno de los pocos salvavidas que nos quedan en esta guerra contra el virus. 

Sin embargo, en ocasiones se diluye la esperanza cuando veo el trato que el Estado plantea en el reparto de los famosos 16.000 millones de euros anunciado para las comunidades autónomas. Sus criterios, cuanto menos, son injustos. No es posible que Canarias vuelva a salir perjudicada. En Madrid saben que la realidad de las islas es muy distinta, que la coyuntura económica y social de un territorio con gran dependencia del turismo es mayor que la de cualquier otro rincón de España.

Están en riesgo gran parte de los 343.899 puestos de trabajo que generaba el turismo, perderemos casi 13.000 millones de euros en ingresos vinculados con este sector, y los datos son más dramáticos si vemos el impacto en el resto de la economía de las islas, por lo que nadie puede pensar que solos podremos salir. 

Esta misma semana, en el Cabildo de La Gomera hemos habilitado una partida de 3,3 millones de euros para llegar a los más de 1.600 autónomos, micropymes y pymes que hay en la isla. El objetivo es poder estar al lado de aquellos que han tenido que cerrar o que han visto gravemente afectados sus ingresos desde la declaración del Estado de Alarma. Estos pequeños empresarios son el motor de la economía insular, los que generan empleo, los que aportan riqueza a nuestro PIB y, ahora, tienen que ser el motor de la recuperación. 

No es momento para el egoísmo. Hay que abordar el futuro desde la fortaleza de la unidad. Espero que esta sea la premisa con la que Madrid atienda a la realidad de Canarias. El Covid-19 nos ha golpeado a todos, pero no todos estamos en las mismas condiciones de recuperación.