Como si el espacio común estuviera mal cosido, como si desde los Reyes Católicos para acá todo hubiera sido una gigantesca equivocación, las demandas soberanistas –algunas pintorescas– aparecen por doquier. Además de los territorios históricos de Cataluña, País Vasco y Galicia aparecen Canarias, Andalucía, Asturias, Aragón, Valencia o Baleares como regiones reivindicadoras de su independencia. El “España nos roba” proliferaba en las carreteras catalanas desde hace décadas, de la misma forma que en Canarias el MPAIAC de Antonio Cubillo pintó el “Fuera godos”.

Algunos analistas que se expresan en periódicos de prestigio estiman que la denominada Ley de Consultas del Parlament catalán va a abrir la caja de los truenos en una España marcada por demandas soberanistas de toda índole. La verdad es que la mayoría de estas reclamaciones no disponen de respaldo en la población, todos recordamos que a la vuelta de Cubillo de Argel las candidaturas que presentaba su movimiento político obtuvieron escasos votos. El independentismo canario subsiste en capas de la población que tal vez no superen el 10 o el 15 por ciento del total de residentes. Claro que esto de las encuestas parece pólvora que enciende el diablo pues es curioso señalar que, hasta hace ocho o diez años, las encuestas señalaban que solo el 15 por ciento de los catalanes se declaraban independentistas.

Que España es diferente lo prueba el hecho de que recorriendo las carreteras de Burgos, Valladolid o Palencia encontré más de una vez pintadas que decían “Castilla no es España”, o “Por la independencia de Castilla.” Y no me digan que lo de Asturias deja de ser curioso: allí donde presuntamente se inició la Reconquista con Don Pelayo también existen algunas fuerzas que podrían recordar aquel grito de ¡Viva Cartagena libre!, el cantonalismo histórico. En Cantabria, Navarra o La Rioja hay ciudadanos que reclaman mayor autonomía y mayores transferencias. Andalucía oriental reivindica sus características propias con respecto al resto de la Comunidad Autónoma. En Canarias hubo un tiempo en que se manifestó el deseo de una doble autonomía, como si volviéramos a la división provincial de 1927. En el centro-norte peninsular se constata que el leonesismo es un movimiento cultural y socio-político regionalista que persigue el reconocimiento de parte de los territorios del antiguo reino de León (el País Leonés o Región Leonesa, con las provincias de León, Zamora y Salamanca), como región y nacionalidad histórica y su establecimiento en comunidad autónoma propia, separada de la actual autonomía de Castilla y León. 

En la historia de España los reinos de taifas fueron territorios fragmentados en que se dividió el califato de Córdoba allá por el siglo XI. Estos bandos o facciones llegaron a ser 39, y desde el fondo de la historia podríamos preguntarnos si esos genes segregacionistas han pervivido en el alma hispánica hasta nuestros días, como si la constitución de 1978 y el posterior proceso de descentralización no hubieran cumplido su finalidad de otorgar mayor poder a las periferias frente al centralismo uniformador de Madrid, tan patente en el franquismo. Si incluso hoy en día Cataluña tiene más competencias de las que goza Escocia ¿cuál es la solución? La pregunta es saber si las 17 autonomías, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, se están comportando como auténticos reinos de taifas, y si el ahondamiento en la solución federalista que sugiere el PSOE va a satisfacer las ansias de unos y de otros.

También se abre una corriente de opinión que se expresa en un cierto cansancio o indiferencia ante estos conflictos territoriales. El razonamiento es simple: si a una pareja que tiene conflictos de convivencia nadie puede obligarla a convivir ¿por qué hemos de forzar a los ciudadanos catalanes, vascos, asturianos o riojanos a seguir siendo españoles? ¿por qué no dejarlos marchar sin mayores cortapisas?

En el fondo, todo esto es un problema de raíces económicas. Si a Artur Mas el señor Rajoy no le hubiese dicho no a sus peticiones cuando solicitó un nuevo tratamiento fiscal similar al que disfruta el País Vasco, tal vez no habríamos llegado a la actual situación. Un Artur Mas que ha evolucionado al independentismo en unos pocos años y un presidente Rajoy que parece autista: no sabe decir otra cosa que no, tiene poca cintura para hablar, no se sienta a negociar.  Claro que también hay quienes recuerdan que todo este lío comenzó cuando el señor Zapatero, tal vez el peor presidente de la democracia española, concedió aquella revisión del Estatuto de Autonomía de Cataluña, cuyas pretensiones fueron frenadas por el Tribunal Constitucional y de este modo se sembraron vientos y tempestades que ahora se han incrementado.

La defensa exacerbada de la lengua catalana con la consiguiente minusvaloración de la cultura española, el adoctrinamiento constante de la TV de la Generalitat, la tenaz labor del profesorado en los distintos segmentos educativos y la manipulación de la historia en los libros de texto han conformado una juventud que allí es mayoritariamente independentista, y que difícilmente va a evolucionar. En muchas zonas de la Cataluña profunda hay quienes se niegan a responderte en castellano, y esa tendencia va a ser difícil de corregir. 

Hace poco tiempo un historiador dijo que en su proceso de consolidación histórica España debía haberse quedado con los portugueses y haber desechado a los catalanes; los primeros incluso llegaron a formar parte de la nacionalidad común durante periodos relativamente largos. Lo que sí parece claro es que en política la negociación y el consenso son instrumentos imprescindibles, algo que parece habérsele olvidado a los políticos que nos gobiernan en estos momentos, tanto Artur Mas como

Mariano Rajoy se empeñan en mantener un pulso de negatividades que difícilmente tiene salida. Porque si los políticos carecen de cintura para pactar y consensuar, si son incapaces de reformar y renovar lo que haya que reformar y renovar ¿qué nos queda? ¿Salir a las calles con las armas? Puede que los nacionalismos extremos sean una forma de regresar a la tribu, a las cavernas prehistóricas.

Pero cualquier Constitución es un instrumento humano y puede ser reformada cuando la Historia lo requiere, hay suficientes ejemplos de que el diálogo puede evitar problemas mayores