Recientemente se suceden ofensas contra la Benemérita, de diferentes procedencias.
En septiembre pasado, nos enteramos que la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta imputaba a 16 guardias civiles por su actuación en la Playa del Tarajal en 2014, impidiendo que emigrantes ilegales entraran en nuestro país desde el cercano litoral de Marruecos.
Al parecer, al ser interceptada su entrada, algunos murieron ahogados cuando intentaban volver a la cercana orilla.
Por cumplir las órdenes recibidas el Juzgado les aprecia dos presuntos delitos de homicidio y de denegación de auxilio.

Hace pocos días el Parlamento catalán aprobó entre otras cuestiones la expulsión de la Comunidad Autónoma de este Cuerpo de orden y de paz. 
Simultáneamente, el Instituto Armado va profundizando sus investigaciones sobre los miembros del Comité de Defensa de la República (CDR), apresados por tener explosivos y planificar sabotajes como respuesta a la sentencia del Supremo. Las actuaciones van descubriendo, bajo la dirección de la Audiencia Nacional, la existencia de colaboraciones externas coordinadas con el Gobierno catalán, que da instrucciones a los CDR para crear un clima de violencia en Cataluña, como “herramienta esencial para la independencia”.
El problema es gravísimo, pues de confirmarse nos encontraríamos con políticos independentistas que no se contentarían solamente con “recoger las nueces”: también agitarían el árbol.
En esta situación, si el cuerpo Cívico-Militar no existiera, habría que inventarlo.
Afortunadamente la Guardia Civil nace en 1844 –Reglamento para la creación de Agentes para la Protección y Seguridad Pública de los Vecinos de las Ciudades y Pueblos- como una fuerza especial para el amparo de personas y propiedades.
En el mismo año se complementan entre sí, el Reglamento Civil y Militar, con los principios de disciplina, honor, espíritu de sacrificio, abnegación, integridad, profesionalidad, lealtad y compañerismo.
El Gobierno de la época utiliza a la nueva fuerza como base para la complicada centralización del Estado. (No es extraño que los independentistas quieran hacerla desaparecer).
Posiblemente, se desconoce que hasta hace pocos años la Benemérita ha tenido un tratamiento injusto desde la  Administración.

Por ejemplo, no es hasta 1988 cuando se intenta paliar la situación de las viudas de la Guardia Civil cuyos esposos no llegaron a cumplir los 20 años de servicio, y a quienes se había dejado sin pensión alguna. 
Conviene recordar que coincidiendo con la victoria electoral en 1982 del PSOE, el entonces Ministro del Interior, José Barrionuevo reinventa la Institución enamorándose del sacrificio y trabajo de la misma. Se aumentan los medios y se legisla a favor.

Los Ministros del Interior Corcuera, Belloch y Oreja, siguen en la misma línea de modernización.
En el año 2014 el CIS coloca a la Benemérita como la Institución mejor valorada entre los españoles.
En definitiva, actualmente los 80.000 Agentes de la Guardia Civil constituyen un patrimonio de la sociedad por su importante y abnegado trabajo y también por representar los sufrimientos de dolor y sangre que pagaron los que les precedieron, especialmente del separatismo radical.

Algunos canarios estamos agradecidos a la Guardia Civil por su trabajo como Policía Judicial aclarando los últimos flecos del caso Fórum en Tenerife, ficción procesal causada por comisarios políticos rubalcabianos y garzonianos.

En una sociedad de algunos jueces buenos y abogados en el alambre, los hombres y mujeres de gorro acharolado, son nuestra última garantía.
Ahora, en Cataluña, constituyen el pelotón infranqueable. 

José Ana Pérez Labajos.