Si. Ya sé que tal día como ayer, veinte de Noviembre del año 1975, Arias Navarro, también conocido como el Carnicerìto de Málaga (el que después fuera alcalde de Madrid, Ministro de la Gobernación o, a la sazón, último Presidente del Estado,) nos alegrara la vida a millones de españoles diciéndonos precisamente lo contrario.

Y nosotros, pobres ilusos, celebramos con gran alegría y júbilo que la loza de granito de forma trapezoidal y de 1.500 kilos sepultase para siempre los crímenes y veleidades de un dictador.
 

Pero que poco nos duró la alegría...Vuelta al pasado.

Y es que, por si no lo saben, el Gobierno, quien ha perdido toda legitimidad incumpliendo su programa electoral, además de rescatar  a los bancos robándonos a la ciudadanía  para poder seguir oprimiendo al pueblo, pretende aprobar una ley anticonstitucional que limitará el derecho fundamental a la manifestación y la libertad de expresión. Ha decidido castigar con multas lo que hasta ahora le resultaba complicado.

Complicado era sancionar el acoso a los políticos y como lo sigue siendo se le dará a la policía la herramienta para evitarlo: podrá establecer perímetros de seguridad como les parezca oportuno. Saltarse los límites sería una infracción que podría llegar a ser muy grave: habría que pagar hasta 600.000 euros. Muy graves serán también las manifestaciones y concentraciones cerca de Instituciones del Estado. Quien quiera "rodear el Congreso" tendrá que desembolsar entre 30.000 y 600.000 euros.

Si, como ocurrió en ese tipo de concentraciones, alguno de los manifestantes graba y difunde la imagen de un policía, aunque sea de paisano, estará cometiendo también una infracción muy grave.

Muy grave será también practicar la escalada en edificios de especial interés. Será algo menos grave insultar o amenazar a un policía. Las infracciones sólo graves podrían conllevar hasta 30.000 euros, justo la sanción que podría llegar a pagar a quienes pillen participando en disturbios con la cara tapada.

Claro que, para lograr el objetivo, nada mejor que  la “renovación” del Consejo General del Poder Judicial se hiciese con un acuerdo firmado por seis grupos parlamentarios (PP, PSOE, IU, CiU, PNV y UPN; (sólo UPyD se quedó fuera)  con la designación de los 20 vocales por las fuerzas políticas, esto es, la manera idónea de que el poder político y el judicial sea el mismo.

Pero esta fórmula que fue instaurada por los socialistas y que los populares, hipócritamente, han criticado durante 30 años prometiendo cambiarla, ahora, al parecer, no interesa y ya sabemos por qué. Sería ilógico que en un país de Gobernantes corruptos se diese la independencia que necesita el poder Judicial  para actuar con, valga la redundancia, Justicia. Si así fuera en Alcalá-Meco no cabría un chorizo más.

De momento, todo esto y algo más se está llevando a cabo vía Reforma, so pena de multa o cárcel por imperativo “legal”,  pero no les extrañe que, en los dos años que aún le queda al Gobierno de Rajoy, pronto las normas, decretos o leyes tengamos que asumirlas vía “hostias de la Benemérita”, como en la “dictadura”, o, lo que es lo mismo,  que veamos  como ...¡Franco vive!