En un reciente artículo, “La Hora del Tribunal Constitucional” del insigne Abogado y Vicepresidente Emérito del Tribunal Constitucional, Ramón Rodríguez Arribas, pronostica que «cuando el Poder constituido trata de erigirse en constituyente y pretende cambiar de facto el texto Constitucional, como pasó en Alemania con la Constitución de Weimar en tiempos muy tristes, en deterioro del Estado de Derecho se precipita y el tiempo comienza a correr deprisa hacia alguna forma de totalitarismo». 

Todo lo cual viene a cuento como ya se habrá deducido, de la decisión del Gobierno de España en funciones de propiciar una Ley de Amnistía –concepto inexistente en el texto Constitucional- que dé satisfacción a los partidos separatistas de Cataluña, condición que permitiría revalidar dicho Gobierno, progresista para unos o “Frankenstein” para otros, en una nueva singladura.
 Añade sorprendentemente el admirado jurista a la presunta, «¿Para qué sirve el Tribunal Constitucional?» cuando contesta, «para evitar y, en su caso, corregir, los abusos de la mayoría parlamentaria».

En definitiva, el bueno de Don Ramón, se une a lo que ya es un clamor de rojos nostálgicos y azules cabreados, contrarios a la arriesgada propuesta de Pedro Sánchez. Nada nuevo en este debate de derechos constitucionales y ambiciones personales.
Sin embargo nadie se pregunta o explica las causas por las que se ha llegado a este callejón de difícil salida.

Parece haber una amnesia colectiva en relación a la inseguridad jurídica que desde hace años afecta a todos los ciudadanos, sin cuyo caldo de cultivo no se habría podido producir la actual situación de inseguridad constitucional, pues el Alto Tribunal no está solo para evitar y corregir los abusos de la mayoría parlamentaria, sino que debe dar cobertura a toda la ciudadanía de los abusos anticonstitucionales de la Función Pública deteriorada en este país desde hace décadas.

Es inimaginable, que tanto en las recientes elecciones locales como en las generales, ni un solo partido político haya tocado esta cuestión, la inseguridad jurídica derivada de la corrupción estructural de amplios sectores de la Función Pública.
¿Con que autoridad se puede exigir al TC que cumpla con la Carta Magna, cuando cualquier modesto Juzgado de Instrucción se la salta impunemente?

Cuando hablamos de Función Pública nos referimos a amplios sectores de la Justicia y también a las diferentes Administraciones como son la Inspección de Trabajo, la TGSS y la AEAT. Es de conocimiento público, los desmanes que sufren centenares de familias de este país con total indefensión.

A buenas horas vienen todos estos lamentos, por la leche derramada, cuando la falta de respeto al derecho y a la aplicación del derecho es una enfermedad endémica en España.

No lo decimos nosotros, el Magistrado y profesor de derecho procesal L. Alfredo de Diego Diez «… no ha sido solo el ariete de los partidos el que ha abierto la brecha para acceder a la fortaleza de la justicia, estos han contado con la inestimable ayuda de una “Quinta columna” interior: Los políticos togados. Es la politización interna de la justicia en la que han tenido y tienen participación amplios sectores de la Judicatura. Ni los políticos son siempre los únicos culpables de la politización de la Justicia, ni los Jueces siempre las víctimas».

Si decimos nosotros, que si por esta situación no se puede acreditar la independencia de los 12 vocales del CGPJ, como podemos creer en la independencia de cualquier otro Juez de menor relevancia.
Por otro lado el GRECO, (Grupo de Estados contra la Corrupción) creado en el 01-05-1999 por el Consejo de Europa para el cumplimiento de las normas contra la corrupción de los Estados miembros, en la CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN. Prevención de la corrupción con respecto a los Parlamentarios, Jueces y Fiscales se constata.
Que aún no se han cumplido cinco de las once Recomendaciones.

Sin embargo en el informe de la QUINTA RONDA DE EVALUACIÓN, el GRECO concluye que España no ha cumplido satisfactoriamente ni ha tratado de cumplir ninguna de las 19 Recomendaciones.
“La situación de las Autoridades encargadas de hacer cumplir la Ley no es la adecuada”.

Nombra el Vicepresidente Emérito del T.C., la Constitución de Weimar que nos trae a la memoria la película “Vencedores o Vencidos” (Los juicios de Nuremberg, contra las más altas magistraturas de la Alemania nazi), cuando el más prestigioso Juez alemán, dirigiéndose en privado, al Juez norteamericano, Presidente del Tribunal. Le implora

«Su veredicto fue justo. Jamás supuse que se iba a llegar a eso, debe creerme». A lo que el norteamericano es rotundo:
«Se llegó a eso, la primera vez que usted condenó a muerte a un hombre sabiendo que era inocente».

Guardando naturalmente distancias, en España se ha llegado a esto cuando desde hace tiempo los Magistrados comenzaron a dictar resoluciones injustas impunemente, mientras Aznar hablaba en catalán, así que ahora nadie puede llevarse a engaño.