Hay una expresión muy española que acierta en su significado, es “coger el toro por los cuernos”, a saber, enfrentarse a un problema con valor y decisión, sin tratar de evitarlo, es decir, de procrastinar. Eso es lo que pasa con la Administración Pública, que actualmente es la base estructural que empeora todo, retrasa e impide un desenvolvimiento económico dinámico, así, como un desarrollo social sostenido; no sirve, está obsoleta, sin medios, es un muro infranqueable, donde todo se paraliza, se complica y no da soluciones en la mayoría de los casos, sino que, por el contrario, los crea, agranda y al final, los pudre.  

En las campañas para las distintas elecciones, siempre aparece como uno de los temas estrella, donde se promete su mejoría, desde todos los colores, formas y hasta desde perspectivas de género. Se aportan ideas brillantes que cuando se llega al poder, nunca se ponen en funcionamiento. En general, no porque no quieran los distintos partidos o responsables públicos, sino sencillamente, porque no pueden.

La rigidez ante cualquier cambio en la legislación vigente, hace de la burocracia un entramado complicado, férreamente defendido por el corporativismo, normas, costumbres, funcionamiento obstruccionista, que imposibilita su modificación, por cierto, en su día elaborada por los propios políticos, que ahora no se atreven a enfrentarse a una realidad, que les puede ocasionar caceroladas, manifestaciones, ruidos y demás inconvenientes personales o electorales. Miran para otro lado, como gestores irresponsables, intentando hacer lo mínimo posible, para no molestar a una Función Pública muy empoderada, precisamente con la aquiescencia de los mismos políticos, que se tornan cobardes e ineficaces para afrontar esta problemática, que padecemos no sólo los empresarios, sino los ciudadanos en general y paradójicamente también, los que están gobernando.  

Si lo que existe ya es bastante deficiente, lo peor es que cuando surge cualquier problemática, lo primero que se hace es crear una comisión, un nuevo servicio, sección o si falta  algún sueldólogo, amigo o burócrata del partido por colocar, se inventan una nueva dirección general o viceconsejería, que para eso tienen mucha imaginación,  aumentando sensiblemente los recursos públicos, pero que no beneficia en la resolución de los expedientes, licencias o trámites pendientes, al contrario, lo emborrona todo. 

Después hay que sumar la endogamia, que recordamos, como la actitud social de rechazo a la incorporación de miembros ajenos al propio grupo o institución. Por un lado, se quejan de que no hay suficientes medios humanos, pero después, tampoco se quiere la incorporación de nuevos profesionales, porque la Administración Pública es un territorio de reinos de taifas, donde hay verdaderos reyezuelos que mandan o desmandan, según la responsabilidad personal que tenga cada cual. Como ya dijimos y por la importancia que tiene lo reiteramos, el empoderamiento de algunos personajes en la Función Pública, en todos sus ámbitos territoriales, es real, cierto, verídico y perjudicial.

La iniciativa privada tiene un objetivo diáfano, que es conseguir la máxima productividad, mejorándola constantemente o por lo menos, intentándolo incansablemente. Cuando algo no funciona, va lento o produce problemas, se analizan las causas y a continuación se hacen los cambios necesarios para reconducir la situación.  Se mide lo que se hace, cuantificándolo, para corroborar su idoneidad.

Eso es precisamente lo que falta implementar urgentemente en la Función Pública, una medida exacta de la productividad de todos los empleados públicos, para saber lo que se hace, cómo y cuánto tiempo se tarda, las soluciones que se consiguen o los problemas que se crean. Los primeros que lo agradecerán serán los verdaderos profesionales, que son la inmensa mayoría de los funcionarios, los demás, los menos, se enfadarán, porque les obligarán a trabajar como tiene que ser. Alguien debe tener la valentía de exigir un alto y máximo rendimiento cuantificable, en la espesa burocracia canaria, poniéndolo como norma de funcionamiento regularizada.