Frenar el pleito insular y la marginación de las islas no capitalinas frente a Gran Canaria y Tenerife, eran los argumentos que alimentaban la injusticia que se fraguaba, pero en su trasfondo estaba el temor de las burguesías criollas a que las izquierdas, principalmente la nacionalista, entrasen al Parlamente canario.

Por ello se pacta un sistema basada en la denominada “triple paridad”, por la que las islas capitalinas en su conjunto eligen igual número de representantes ante el Parlamento que el resto, que Tenerife y Gran Canaria eligen igual número de diputados y que se mantiene el equilibrio numérico entre las dos provincias.

 De acuerdo a esto la Cámara regional asigna 60 diputados  por circunscripciones insulares (quince a Tenerife, quince a Gran Canaria, ocho a La Palma, ocho a Lanzarote, siete a Fuerteventura, cuatro a La Gomera y tres a El Hierro), siendo la isla la circunscripción electoral . 
Además  se establecía un doble tope electoral,  insular del 20% y nacional del 3%, para acceder al Parlamento  y la reforma de este sistema, verdadera llave que cerraba el candado del reparto del poder en Canarias, exigía  la reforma estatutaria o la aprobación de una  ley en el Parlamento canario con una mayoría de dos tercios (40 de 60 votos).

El sistema electoral del que se dotaron estas burguesías criollas canarias está a la cola de los del Estado español en cuanto a calidad democrática. Es el menos proporcional, en realidad es absolutamente desproporcional y disparatado y valgan como muestra estos ejemplos:  en una isla no capitalina como El Hierro o La Gomera se puede obtener un diputado con 1.500 votos , mientras que en Tenerife o Gran Canaria con 55.000 no se obtiene; en las elecciones de  2007, 150.000 votos emitidos en las dos islas capitalinas a partidos minoritarios  fueron a la basura por no superar los topes electorales,  mientras que  al resto de las  otra cinco islas, con  120.000 votos, se les asignaron 30 diputados;  en una misma circunscripción, un partido con 20.000 votos puede entrar al parlamento al superar la barrera nacional del 6%, mientras que  otro con 55.000 se queda fuera por no superar la insular del 30% .

Es el más restrictivo, doble barrera del 30% nacional y 6% insular (en el resto del Estado hay una única barrera que oscila según comunidades entre el 3  y el  5%). Es el menos equitativo, un 17% de la población elige al 50% de la Cámara. Es claramente anticonstitucional al permitir que una circunscripción con menos electores elija más diputados que otra con más (La Palma con  unos 85.000 habitantes elige ocho representantes, mientras que Fuerteventura con unos 106.000 elige a siete) y además tiene un blindaje antidemocrático para su modificación al excluir expresamente que se haga mediante una Ley de Iniciativa Popular.

Pero el sistema electoral canario no solo es el más antidemocrático del Estado español, sino que análisis concienzudos lo consideran también como el más retrógrado del conjunto de la Unión Europea, contraviniendo por ejemplo el Código de Buena Conducta en Materia Electoral del Consejo de Europa.

El único parangón posible en el ámbito internacional lo fue el Pacto del Punto Fijo venezolano, acuerdo que firmaron los partidos COPEI y AD en el año 1958 para repartirse descaradamente el poder  e impedir el acceso a cualquier otra organización y que perduró hasta el año 1999 con la victoria electoral de Chávez.El puntofijismo venezolano sirvió para que esos dos partidos burqueses y profundamente corruptos, además de arruinar al país, lo  llevasen casi a un callejón sin salida.

En Canarias es prácticamente imposible encontrar a algún dirigente político, incluso de los pertenecientes a “los trillizos” (PP-PSOE-CC)  favorecidos por este auténtico “pacto de punto fijo canario”, que siga defendiendo esta ley. 

Sin embargo, Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo Insular de La Gomera, en su última “homilía dominical”,  acaba de hacer una cerrada defensa del Sistema Electoral canario, a pesar de que no le queda más remedio que calificarlo como “excepción para garantizar la normalidad”.

Sus argumentos, cargados de puerilidad, se basan en las supuestas bondades de la triple paridad, en que la actual crisis impide el aumento de diputados (incluso, imitando a Cospedal, pide su disminución), en el temor al aumento de nuevos partidos en la Cámara o en la supuesta pérdida de influencia y de calidad de vida de las islas no capitalinas frente a las capitalinas.

Su primer argumento creo que ha quedado suficientemente desmontado a lo largo de este texto; el de la disminución del número de diputados por razones de la crisis se rebate explicando que es posible un aumento de esa cifra, por ejemplo hasta 70, sin que se tenga que aumentar en su conjunto el presupuesto destinado a sostener el Parlamento, por ejemplo bajando los sueldos y las asignaciones por grupos; la verdadera pérdida de influencia de algunas islas no capitalinas, como La Gomera, está viniendo en realidad de las políticas que se han puesto en práctica en las décadas de sus gobiernos, más preocupados por armar un régimen caciquil y la perpetuación en el poder que por realmente aumentar la calidad de vida de la población (La Gomera está a la cola de los todos los índices de bienestar social de Canarias).

Curbelo, al igual que lo fueron los copeyanos y los adecos en Venezuela, es el más claro exponente de la casta política corrupta y apegada al poder y no le basta con llevar más de 30 años ejerciéndolo, sino que quiere seguir valiéndose de instrumentos poco democráticos, como el actual Sistema Electoral canario, para eternizarse en su disfrute. 

En estos momentos lo que realmente le quita el sueño  es su argumento de que hay que seguir cerrando las puertas a otras formaciones políticas, sobre todo si con una reforma democrática del Sistema Electoral canario que busque una mayor proporcionalidad, por supuesto respetando el hecho insular, se permite el acceso a organizaciones y movimientos políticos verdaderamente transformadores y democráticos, como los que están surgiendo en estos últimos meses, también en La Gomera.

El presidente del Cabildo Insular de La Gomera es en estos momentos un político acosado por los todos los costados, por la justicia (está imputado en al menos dos causas y una de ellas por gravísimos casos de corrupción económica y prevaricación), por sus compañeros y compañeras de partido (sus alcaldes en la isla se han echado al monte y recientemente en la elección de la candidata del PSOE a las autonómicas de 2015 le han ganado un pulso insular apoyando a Carolina Darias en contra de la protegida de Curbelo, Patricia Hernández, aunque ésta haya sido la ganadora en Canarias) y por el electorado gomero cansado de tantos años de caciquismo, corrupción y atraso.

Con este panorama no es de extrañar que nuestro decimonónico cacique, experto en amañar elecciones con todo tipo de métodos de dudosa legalidad (ya sea manipulando el voto extranjero de la emigración  en Venezuela, ya sea censando irregularmente a gomeros de la diáspora en pueblos fantasmas como Erque, Erquito, Tejiade..., o  mandando a sus acarreadores profesionales  al Sur de Tenerife y barrios  como San Matías a comprar votos ), quiera seguir influyendo en la política canaria, allí donde está la verdadera llave del poder.

Es despreciable que esto, aunque se disfrace con la defensa de los intereses de los gomeros y las gomeras y del resto de los habitantes de las otra cuatro islas no capitalinas, se haga para proteger espurios intereses personales y de partido. 
Hoy más que nunca, el Sistema Electoral es la manta que abriga  a los caciques.

José Luis Hernández. Periodista. Responsable de Comunicación de Sí se puede