El domingo pasado se celebraba el día internacional de la educación, y todos los partidos aprovechaban para remarcar su postura respecto a la nueva Ley de Educación (la LOMLOE) que se aprobó hace 2 meses en el Congreso de los Diputados.

 

La conocida como ley Celaá ha salido adelante por un solo voto, una ajustada votación que nos muestra el reflejo de lo que está pasando en la calle; una sociedad dividida entre los partidarios de esta nueva ley, y los manifestantes “motorizados” que no tardaron en coger sus coches y salir a la calle a mostrar su desacuerdo con el nuevo texto. Algunas regiones ya han manifestado que no la aplicarán, principalmente las gobernadas por el PP.

 

No existe Gobierno que no sienta la tentación de intervenir en la educación y ponerla a su gusto, de acuerdo a su ideología. En España ha habido 9 leyes de educación en 40 años de democracia. Hemos tenido una ley educativa cada 4 años y medio. Y aunque estos datos nos transmitan cierta inestabilidad, los aspectos fundamentales son casi idénticos de unas leyes a otras.

 

La Educación debería ser un asunto de Estado, muy por encima de banderas políticas. Los niños que están entrando hoy en el sistema educativo, estarán “operativos” dentro de 20 años. No se me ocurre mejor ejemplo de una “política de Estado” que esta. Pero lamentablemente, no lo es.

 

Las mentiras alrededor de la nueva ley no han tardado en aparecer. La primera de ellas de la Ministra, que nos asegura que esta norma busca la excelencia en el alumnado. Nada más lejos de la realidad.

 

La ley Celaá pone su granito de arena a una tendencia que ya viene de atrás; un descenso en los niveles de exigencia educativa. A partir de ahora se podrá superar la ESO con más de 2 suspensos, y Bachillerato con 1 suspenso. Es decir, se podrá pasar de curso y obtener una titulación sin aprobar todas las asignaturas.

 

Los que defienden esta medida, además de defender la “equidad y la igualdad de oportunidades”, pretenden apoyar al que suspende y quitarle el “estigma del repetidor”. Pero en realidad lo que se está haciendo es castigar al que se esfuerza, castigar la cultura del esfuerzo. En definitiva, erradicar la meritocracia.

 

Otra de las polémicas surge en torno a la educación concertada, otro aspecto en el que el Partido Popular nos ha mentido.

Los centros concertados fueron creados hace 35 años por Felipe González (PSOE) para complementar la red educativa pública y privada. En algunas regiones como Madrid y el País Vasco aproximadamente el 50% de los alumnos asisten a centros concertados.

 

Buena parte de nuestros políticos abanderan la defensa de la educación pública, pero han sido estudiantes de la educación concertada y llevan a sus hijos a centros concertados (cuando no a centros privados). La propia ministra llevó a sus hijas a un colegio concertado y religioso en el País Vasco. Pero ya sabemos que, en lo que respecta a la clase política, hay que hacer lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen.

 

Resulta contradictorio ver al Partido Popular, partidario de un sistema económico liberal, defender la intervención del Estado en la financiación de empresas privadas (por cierto, la mayoría de ellas vinculadas a la omnipresente Iglesia Católica). Y tampoco es cierto que el Gobierno de Pedro Sánchez elimine la financiación a la escuela concertada, ya que la partida presupuestaria en 2021 para la escuela concertada se incrementa alrededor de un 5% con respecto a los presupuestos de 2018.

 

Lo que sí hace esta ley, y que el Partido Popular ha visto como una amenaza, es eliminar la financiación a aquellos centros educativos que segregan por sexo (algo lógico en pleno siglo XXI), y garantizar la gratuidad de los centros concertados. Aunque esto último ya era obligatorio por ley, la práctica nos dice que la mayoría de los colegios concertados cobra cuotas de manera irregular a las familias. Y esto no lo digo yo, lo ha denunciado la propia patronal de colegios privados.

 

Vuelve a mentir el PSOE en torno a la eliminación del castellano en las aulas catalanas. Si bien es cierto que la eliminación no va a ser total, porque eso sería prácticamente imposible, la ley consagra la inmersión lingüística en catalán.

 

Pero el texto además elimina la capacidad que hasta ahora tenía el Estado para garantizar el derecho de los alumnos a recibir la enseñanza en castellano. Hasta ahora los inspectores educativos del Estado podían ocuparse de este asunto, pero ya no. Esta competencia pasa a ser exclusivamente de las CCAA, lo que dará lugar a que el castellano en las aulas sea algo residual.

 

Y termino con otra de las mentiras escuchadas en torno a este texto legal: la libertad de elección de centro.

Si bien es cierto que cada familia debe poder elegir la educación que quiere para sus hijos (pública, privada, religiosa, laica, etc.) porque así lo dicta nuestra Constitución, no es cierto que el Estado tenga que financiar todas las opciones educativas.

Que los padres puedan elegir el modelo educativo de sus hijos no significa que los demás tengamos que pagar, con nuestros impuestos, las opciones educativas de nadie.

 

Más aún cuando diferentes estudios científicos nos muestran que la elección de un centro u otro viene dado porque las familias creen que los contactos sociales y las características socioeconómicas de los compañeros pueden influir en los resultados educativos. Las familias que escogen determinados centros buscan alejar a sus hijos del alumnado de origen extranjero, con diversidad y necesidades educativas, con mayores dificultades socioeducativas y de clases bajas. Tan triste como cierto.