Desde hace mucho tiempo, las campañas institucionales y de organizaciones han estado enfocadas en posicionarse por la erradicación de la prostitución y en mostrar esta actividad como esencialmente negativa y como una violencia contra la mujer en sí misma. ¿Apoyadas en alguna disposición legal o convenio internacional? No, basándose en consideraciones morales e ideológicas con respecto al trabajo sexual. Sin embargo, y en mayor medida en los últimos tiempos, esas campañas, tanto de administraciones públicas como de organismos públicos y organizaciones receptoras de subvenciones, intensifican el trabajo persiguiendo una pretendida sensibilización que logre ¿mejorar las condiciones de trabajo de las personas que ejercen el trabajo sexual? ¿escuchar las demandas y aportaciones de los colectivos organizados? ¿reducir el estigma, violencia y clandestinidad al que se aboca a lxs trabajadorxs? Nada más lejos de la realidad. 

“Exxxplotación”, “Maltrato Show”, “Noches de humillación”, “Violencia Palace”, “Esclavitud open”, estos eslóganes se pueden leer en la última campaña de Médicos del Mundo sobre la prostitución. “Putero, delito. ¿Sabías que quienes se ‘van de putas’ son cómplices de un delito?”, esta otra aseveración se recoge en un spot por el Día Internacional contra la Explotación y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños del Cabildo de Lanzarote con fondos del Instituto Canario de Igualdad y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Hay un aspecto común a ambos contenidos: los dos enlazan y asemejan la trata con fines de prostitución forzada, con el trabajo sexual. Esto es sumamente problemático, tanto desde el punto de vista legal porque son conceptos totalmente diferenciados y que no responden a un tratamiento ni por asomo similar, como desde el punto de vista de la creación de políticas públicas porque dificulta la atención de los distintos sujetos a los que se refieren y que necesitan medidas diferenciadas y concretas para cada realidad. Pero, deteniéndome en la última afirmación sobre la complicidad delictiva, ¿a qué delito se refieren estas instituciones?

Resulta sumamente grave que desde Administraciones Públicas se lancen campañas que no tienen un mínimo de rigor legal y responden al sensacionalismo. Los delitos de trata de seres humanos y el de prostitución forzada, ya están recogidos y perseguidos en el Código Penal. Es obvio que en ambos supuestos estamos hablando de actos punibles y, por tanto, los hechos se caracterizan por contar con elementos delictivos como son “la violencia, intimidación, engaño o abuso de superioridad”. Cuando estos elementos no concurren, ¿qué relación de complicidad existe entonces entre la comisión de estos delitos con la demanda de servicios sexuales? Obviamente ninguna.

La motivación que subyace en estas campañas es ahondar en el mensaje de que las prostitutas son en su inmensa mayoría víctimas de trata. Extremo que no son capaces de sostener, más allá de una cifra mágica que ponen sobre la mesa cada vez que hablan sobre el tema organizaciones y feministas abolicionistas, y que varía dependiendo del día entre el 80, 90 o incluso 99,99%. Frente a una cifra fantasma, los estudios que existen y los datos oficiales de las autoridades policiales a nivel europeo cifran estos casos en torno al 14% (ya sobredimensionado por la complejidad de recabar datos). 

Pero hay algo que me parece lo más importante y que deberíamos poner en el centro: ¿cómo afectan estas campañas a las mujeres? Este tipo de mensajes y campañas tienen un riesgo muy alto en cuanto a la introyección de estas ideas por las propias trabajadoras, creyendo realmente que se están vendiendo, se están alquilando, que son humilladas constantemente, con las graves consecuencias emocionales y psicológicas que ello conlleva. Esto se traduce en asumir que no merecen respeto, interiorizar la vergüenza permanente, hasta el punto de ni siquiera querer denunciar cuando sufren acoso o agresiones. Hay que tener en cuenta que, posiblemente, la única relación o interacción que va a tener la mayoría de la sociedad con la realidad de la prostitución es a través de los medios o este tipo de campañas. Van a ser consumidas por el público general y van a ser los espacios culturales claves donde se producen los estigmas hacia el trabajo sexual, valiéndose de este y reforzándolo como se apunta con estos casos. 

Les parece una maravillosa idea ligar, como una cuestión esencial y natural, la violencia y la explotación laboral al trabajo sexual y a los espacios de ejercicio. Mostrar que, en los clubs y en la realización de servicios sexuales en general, lo normal es que se ejerza violencia contra las personas que trabajan no hace más que aumentar las situaciones de peligro a las que se tendrán que enfrentar lxs trabajadorxs, y no las personas que lanzan estas campañas. No hace más que visibilizar como algo normal, válido y sin consecuencias, violentar a lxs trabajadroxs sexuales, hechos que tampoco van a sufrir las personas que lanzan estas campañas.

Tales extremos no hacen más que debilitar a las trabajadoras frente a todo su entorno y frente a los clientes, que se beneficiarán y aprovecharán de ello. Mientras se esfuerzan en colocar como el culmen de la violencia los espacios de trabajo sexual, la ONU identifica los hogares como los espacios en los que más peligro corren las mujeres, siendo más de la mitad de los feminicidios en 2022 cometidos por parejas, exparejas o familiares.

Lo lógico y verdaderamente útil es fortalecer a las trabajadoras sexuales en su autoestima y autopercepción, que sepan que pueden y tienen la autoridad para establecer límites, imponer sus condiciones de ejercicio y denunciar situaciones de violencia o abuso. Este empoderamiento, que nos ha enseñado el feminismo, inexcusablemente va ligado a dotar de derechos, reconocimiento y respeto a todas las personas que ejercen trabajo sexual, acompañado de una educación que priorice el respeto a la sexualidad de las mujeres, sea cual sea la manera en la que la gestionen.

El aumento de este tipo de campañas y hacerlas cada vez más impactantes, se vale también de contratar y colaborar con influencers como Inés Hernand, Sara Sálamo, Towanda Rebels o Rubén Avilexs. Campañas con altos presupuestos que emanan, entre otros, del Plan Camino que nos dejó la ex-ministra de Igualdad, Irene Montero, y su equipo. Otro apunte, este mismo Plan cifra “de manera conservadora” en 90.000 a las mujeres que ejercen la prostitución, de ellas 30.000 serán atendidas y asistidas, y de ellas estiman que el 10% serán víctimas de trata.

Estos planes para “sacar” a las mujeres de la prostitución ofrecen ayudas a las mujeres gestionadas a través de entidades que acaban rondando los 400€, cantidad con la que ni la exministra, ni las personas que lanzan y participan en estas campañas, podrían sobrevivir pagando alquiler, suministros básicos, alimentación, transporte y cuidados de personas a cargo. Subvenciones asignadas a entidades que funcionan aplicando formas de control y disciplina material y económica, corporal y sexual a las mujeres “víctimas” con las que realizan intervención social.

Entiendo que la creación de campañas que apelan a lo emocional, a lo más degradante, para generar una respuesta visceral en torno al trabajo sexual busca lograr esa sensibilización en torno al rechazo del trabajo sexual, o a lo mejor solo buscan la justificación de los fondos recibidos, esos que iban a “salvar” a miles de mujeres y que se quedaron por el “camino”, nunca mejor dicho. Quién sabe. 

Lo que no han tenido en cuenta, o quizá les da totalmente igual, es que ese rechazo y esa esencialización de la violencia en esferas concretas como la del trabajo sexual, como si las violencias cisheteropatriarcales se diesen en situaciones individuales y aisladas y no respondan a un sistema estructural que abarca la totalidad de nuestra sociedad, lo acaban pagando las personas trabajadoras sexuales, que son las que sufren esos episodios. Además, invisibiliza las violencias institucionales que ejercen las propias administraciones que financian estas campañas, violencias como la ejercida por las fuerzas policiales, por la ley de extranjería y por la amenaza de deportaciones en caso de dar el paso y denunciar algún tipo de violencia o agresión. Deshumanizar y mostrar a los y las trabajadoras como víctimas perpetuas no logra más que anular su agencia y ocultar sus propias voces, invalidándolas. 

La cuestión de fondo es si nos quieren “clandestinas o con derechos”, ningún colectivo vulnerabilizado mejora su situación negándole derechos, estigmatizándolo o criminalizándolo. Ampliemos el ámbito de derechos, garanticemos el acceso a los mismos y dotemos de herramientas con las que poder luchar y protegerse frente a situaciones de violencia o abuso. Centrémonos en las necesidades y realidades de las mujeres, desprendiéndonos de sesgos y moralismos paternalistas.

 

 Gabriel Falcón Marrero. Jurista y Máster en Estudios de Mujeres y Género. Miembro del Colectivo de Prostitutas de Sevilla.

Remitido por: Anouar Ahmed Marrero. Lcdo. en Periodismo. Máster en Comunicación Social, especialidad en Comunicación, Cambio Social y Desarrollo.