En mi cita quincenal con los lectores de Gomera Actualidad hoy escribo sobre un tema que me cabrea enormemente y es el maltrato que impunemente se ejerce sobre personas con distintas capacidades o personas mayores dependientes que viven en residencias.

Parece ser que nadie lo ha visto, y si lo han hecho la respuesta es la más atroz indiferencia. ¿Pero esto qué es?
¿Dónde están los Políticos, las Asociaciones, el Cermi, Bienestar social etc.?

La justicia visto lo visto ni está ni se la espera y si aparece es para salvar el trasero a los maltratadores...
Para quienes no lo hayan visto dejo varias reseñas. 

Tan solo añadir que además del Covid-19 hay muchos más virus tan dañinos o más que el susodicho,  llevan entre nosotros toda la vida y son los siguientes:

El virus de la indiferencia 
El virus de cero empatía
El virus del egoísmo
El virus de la insolidaridad

Si los mezclamos todos sale una combinación perfecta, con la complicidad de todos los que miran para otro lado mientras se maltrata a los más vulnerables (Asociaciones, Políticos, Jueces, Cermi, Consejería de Bienestar Social) sin olvidarnos de algunos padres que en vez de ponerse de lado de las víctimas, no sé si por miedo a perder la plaza de sus hijos, por cobardía o ignorancia se ponen al lado del opresor.

Esta mortal combinación mata tanto o más que el maldito Covid-19 ante la mirada de todos los que parecen tener ojos de madera o mirada selectiva, solo ven lo que les conviene.
Una duda que me corroe, ¿si una cámara de vigilancia graba un asesinato, esa grabación se tiene en cuenta o no es legal?

Lo digo porque el debate jurídico de este caso del que escribo,  no se centra en la gravedad de las imágenes que sustentan la acusación, ni los comportamientos que reflejan, sino en la validez o no de las grabaciones…

O sea si se tomaron con arreglo a la legislación o de forma ilegal.

Aquí dejo algunas perlas copiado de las noticias que han salido al respecto:

 “Denuncian a otros 12 trabajadores de la residencia de La Milagrosa (Málaga) por posible trato degradante a usuarios discapacitados.

Cronología del caso:

La dirección de la residencia sospechaba que algunos trabajadores se dormían en el turno de noche y contrató una agencia de detectives privados.
Cámaras.

La empresa instaló ocho cámaras ocultas entre el mobiliario que estuvieron grabando todo lo que sucedía entre las 23.00 y las 07.00 horas, desde el 21 de marzo hasta el 21 de abril.

Visionado.

Cuando los detectives empezaron a revisar las imágenes, se toparon con agresiones y trato vejatorio. El 17 de abril, antes de que las cámaras dejaran de grabar, los responsables del centro acudieron a la comisaría para presentar una denuncia

Primera fase.
Los tres primeros minutos de grabaciones aportadas por la empresa de detectives supusieron la detención de cuatro trabajadores acusados de malos tratos o vejaciones, según el caso

Segunda fase.

El centro encargó a los detectives que continuaran con el visionado de las más de 240 horas de grabaciones y elaboraran un informe sobre cada empleado que demostrara un trato a los usuarios –físico o verbal– 
“Las cámaras grabaron más de 240 horas

El sistema de videovigilancia que la agencia de detectives instaló en la Residencia de Gravemente Afectados La Milagrosa almacenó más de 240 horas de grabaciones que permitieron destapar los supuestos malos tratos y vejaciones que al parecer sufrían 14 usuarios con discapacidades severas que se encuentran ingresados en el centro.

La empresa, contratada por la residencia para comprobar si los trabajadores se dormían en el turno de noche, instaló con disimulo, sin que la plantilla se diera cuenta, ocho cámaras espía camufladas entre el mobiliario del área de los dormitorios. Empezaron a grabar a partir del pasado 21 de marzo y estuvieron filmando de forma ininterrumpida hasta el 21 de abril.

Dado que la sospecha inicial se centraba en los trabajadores de ese turno, que va desde medianoche hasta las seis de la mañana, la videovigilancia se programó para grabar una hora antes y una hora después para dejar un margen de error. Y eso ha permitido filmar los cambios de turno y, en consecuencia, ampliar la investigación a otros 12 trabajadores que trabajaban en horario diurno y que ahora han sido denunciados ante la policía por posible trato degradante a los usuarios”

Dejo un trozo de texto que ha publicado un periódico.

"Tras una primera visualización de las imágenes captadas", los detectives alertaron a los responsables de la residencia, ya que en ellas se veía como "los acusados, durante la noche, y guiados por el animo de menoscabar la integridad física de los usuarios de la residencia, les infligían un trato denigrante y humillante". Éste, según recoge el escrito de acusación, al que ha tenido acceso este periódico, y que fue adelantado por el diario Sur, consistía "en ejercer sobre ellos una violencia física de carácter leve, que no Ilegaba a causarles lesiones, y que se materializaba en múltiples patadas, rodillazos, manotazos, empujones y tirones de ropa". "Dando lugar, en ocasiones, a que los usuarios agredidos cayesen al suelo".

La fiscal, que hace hincapié en la situación de vulnerabilidad de las víctimas, detalla a lo largo de siete folios algunos de los supuestos episodios de malos tratos que fueron grabados por el sistema de seguridad. Una auténtica cronología de la deshumanización resumida en los siguientes pasajes.

"Los días 23, 27, 28 y 31 de marzo, así como el 1, 2, 5 y 14 de abril, la acusada colocó pañales a diversas usuarias mientras éstas permanecían de pie en el pasillo. Sometiéndolas a una situación denigrante y humillante, pues disponía de un lugar donde realizar esta actividad privadamente", relata el Ministerio Público, que añade que "el 2 de abril, sobre las 8:10, otra acusada levantó a los internos de las butacas donde estaban sentados, agarrándolos bruscamente de la ropa y dirigiéndolos, mediante tirones y empujones, a otra zona".

El relato de los presuntos hechos se agrava sobre las dos de la madrugada del 6 de abril, cuando uno de los dependientes, "encontrándose desatendido por sus cuidadores", defecó en el suelo y se manchó con las heces. "A la mañana siguiente, y tras descubrir lo sucedido, el acusado lo condujo hasta el baño, dirigiéndose hacia él con expresiones despectivas, tales como 'perro y asqueroso'".

GOLPES EN LA CARA
 

Tres días después, las cámaras de seguridad captaron como, pasadas las 8:00, una de las trabajadoras "golpea en la cara" a un usuario, al que sigue denigrando [...] "dándole de comer de forma agresiva e irrespetuosa". Poco después, supuestamente agrede en la cara a otro usuario que se encuentra en el pasillo. La mujer "repitió este comportamiento los días 12,14, 17 y 18 de abril".

"El 13 de abril, sobre las 7:36 horas", otra de las investigadas "volvió a golpear en la cara con un zapato" a un usuario, para minutos mas tarde "empujarle en el pecho" y provocar que se golpeara contra la puerta de la habitación, "sin prestarle ayuda para levantarse".

Las cintas muestran como, una jornada después, otro de los empleados supuestamente persiguió a una de las víctimas hasta que tropezó contra un biombo y cayó al suelo. El acusado comenzó entonces a propinarle "varias patadas, rodillazos, empujones y tirones de la ropa". La noche de ese 14 de abril, sobre las 21:15 horas, este mismo acusado, "sin causa que lo justificara", propinó una patada en el pecho a un residente que estaba sentado en una butaca.

A la misma hora que se produjo esta última agresión, aunque tres días después, otra investigada al parecer golpeó en la cabeza a un discapacitado que no pudo ser identificado y que también estaba descansando. La mujer lo empuja con una de sus rodillas, mientras le tira bruscamente de la ropa, "para minutos mas tarde, agredir a otra persona a la que propinó una fuerte patada".

La Fiscalía desgrana las numerosas ocasiones en las que los trabajadores imputados presuntamente dejaban encerrados a los internos, incumpliendo el protocolo de seguridad. En una de las ocasiones, una de las acusadas "bloqueó, durante el turno de noche, la puerta de la habitación de uno de los usuarios utilizando un cinturón, impidiéndole que pudiera salir y descuidando absolutamente su cuidado". "Todo ello, a sabiendas de que padecía epilepsia, dificultad de deambulación, con riesgo alto de caídas y golpes, hipertensión, trombosis venosa profunda y afectación pulmonar", encontrándose por todo ello "imposibilitado para pedir ayuda por sus propios medios". La mujer supuestamente repitió tal comportamiento los días 23, 27 y 28 de marzo, así el 10, 11, 15, y 16 de abril, lo que pondría de relieve una práctica habitual.

La fiscal del caso solicita que se sienten en el banquillo siete de los 12 investigados inicialmente, exigiendo penas de cinco años de cárcel para seis de ellos, a los que les imputa los delitos continuados de trato degradante, coacciones y maltrato de obra. Además, reclama que se les impongan órdenes de alejamiento de las víctimas. Para la otra acusada pide una pena de multa.