Un 33% de desempleo, tasas de paro juvenil superiores al 65% y 121.000 desempleados que ya no perciben ingreso alguno; elevadas cifras de pobreza, las más altas del Estado, y un creciente deterioro de los servicios públicos, especialmente visible en el caso de la sanidad y en la penosa aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Estos son algunos rasgos de la cruda realidad de Canarias en el último trimestre de 2013.

Frente a un deterioro económico y social de ese enorme calado no valen maniobras de distracción, como desempolvar una reforma del Estatuto de Autonomía con ninguna posibilidad de salir adelante, por el nulo interés del PP, con aplastante mayoría en las Cortes Generales, en posibilitar más competencias a las comunidades autónomas.

El mismo Estatuto, por cierto, que el Gobierno de CC dejó caer irresponsablemente en 2007, a principios de la pasada legislatura, por su negativa a que se pudiera modificar en profundidad el injusto sistema electoral canario, con el pretexto de que la dirección federal del PSOE cuestionaba algunos contenidos que afectaban al autogobierno. No fueron capaces de sacar su reforma adelante cuando había condiciones y ahora la resucitan con ánimos exclusivamente propagandísticos. Aprovechando, además, para eludir el debate sobre la reforma electoral, que puede y debe darse en nuestro Parlamento.

Tampoco es de ninguna utilidad persistir en una permanente confrontación entre líderes políticos, como la que hemos padecido en los últimos años, en la que las auténticas víctimas son las instituciones y los ciudadanos y las ciudadanas de las Islas. Ni, asimismo, la inestabilidad institucional, con mociones de censuras que son pura pugna partidista ajena a la defensa del interés de los ciudadanos.

Desde Nueva Canarias consideramos que hay que realizar esfuerzos denodados para salir de esta profunda crisis. No es tolerable el actual panorama marcado por la destrucción de empresas, el elevado desempleo y una economía sumergida que supera en diez puntos a la estatal. Como tampoco lo es la extendida pobreza que se ceba en la infancia y que perfila una sociedad cada vez más desequilibrada y con menor equidad.

Considero que para modificar la actual situación es imprescindible el diálogo y el entendimiento entre Canarias y el Estado. Al menos, en tres asuntos esenciales: las leyes de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2014 y siguientes, la financiación autonómica y el Régimen Económico y Fiscal (REF).

 

PGE y financiación

En el primero de los asuntos, las cuentas públicas para el próximo año y siguientes ejercicios, la sociedad canaria en su conjunto debe exigir que se nos coloque en la media de las comunidades autónomas en inversiones; así como que no se nos machaque con medidas tan injustificadas e injustas como la eliminación de las partidas correspondientes al Plan Integral de Empleo.

 

La actual formulación de las cuentas públicas estatales reduce en 233 millones de euros los ingresos del presupuesto de la comunidad canaria para 2014, con el beneplácito de los populares canarios, es una auténtica e intolerable agresión a Canarias.

 

Respecto a la financiación autonómica, firmada en su momento por el Gobierno canario de CC y PP con el Ejecutivo de Zapatero, con el hoy ministro Soria como responsable de la Consejería de Economía y Hacienda de las Islas, ha dañado gravemente a Canarias en sus hasta ahora cuatro años de aplicación.

 

Considero imprescindible que, en la negociación iniciada para cambiar el modelo de financiación, podamos recuperar esos 800 millones de euros anuales que nuestra Comunidad pierde respecto a la media de las comunidades autónomas de régimen común; y, asimismo, que se compense adecuadamente a Archipiélago por las desventajas derivadas de nuestra insularidad y lejanía.

 

Tejido productivo y REF

Por último, el REF, en trámite de renovación, debe servir para impulsar el tejido productivo del Archipiélago, diversificar la economía y estimular el empleo; con bonificaciones a la Seguridad Social de las empresas, con el objetivo de facilitar el mantenimiento del empleo existente y que promuevan nuevas contrataciones.

Respecto a los aspectos económicos del REF, es preciso lograr que el Gobierno central cumpla con las medidas económicas que allí se disponen, sobre todo el artículo 96 de la Ley 20/1991, que establece que las inversiones estatales no sean inferiores al promedio del conjunto de las comunidades; algo sistemáticamente incumplido por los gobiernos de España. O el artículo 22 de la Ley 19/1994, que establece líneas de préstamo con tipos de interés preferente para financiar inversiones de las pymes canarias. Así como las ayudas al transporte de mercancías y pasajeros,

Son tres objetivos irrenunciables –presupuestos estatales, reforma del REF y cambios en la financiación autonómica- que precisan del máximo nivel de diálogo y entendimiento entre los gobiernos de Canarias y del Estado. Proceso en el que nuestra Comunidad debe reivindicar firmemente las medidas que precisa para contribuir a paliar la grave situación que padece. En un momento en el que, en lugar de avanzar hacia la convergencia con España y Europa, cada vez nos encontramos más lejos en la práctica totalidad de los parámetros económicos y sociales.