La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias planteada en el Parlamento canario por los grupos que apoyan al Gobierno, CC y PSOE, es puro teatro. Resulta lamentable pero, como en la vieja canción, es realmente así: falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Lejos, muy lejos, de un interés sincero en transformar las cosas y avanzar en la democracia y el autogobierno.

Esta reforma estatutaria, condenada al fracaso, que se pone en marcha a sabiendas de su muy escaso recorrido, responde exclusivamente a los intereses partidistas de los socios del pacto y es ajena a la consecución de un mayor techo competencial para Canarias y a la mejora de nuestro sistema democrático.

Se trata de una comedia pergeñada por quienes no han tenido ninguna voluntad de sacar adelante un nuevo Estatuto con debate y apoyo institucional y ciudadano; sin el mínimo consenso parlamentario, como vienen haciendo en la mayoría de los temas a lo largo de esta legislatura: actuando en Canarias de la misma manera, autoritaria y aplastante, como  lo hace el PP en el Congreso y en el Senado.

Lo que sucede, en estos momentos, tiene sus antecedentes. Entre otros, el drama con el Estatuto de Autonomía protagonizado por distintos actores políticos, algunos coincidentes con los de ahora. Los que a finales de 2007, CC y PP, Rivero y Soria, retiraron, de forma claramente irresponsable, la reforma del Estatuto, que se estaba tramitando en las Cortes Generales. 

Una reforma que entonces, con aquella correlación parlamentaria, era posible sacar adelante, como así hicieron ocho comunidades autónomas. Pero en el Archipiélago primaron los estrechos intereses partidarios y, especialmente, el interés de CC en mantenerse en el poder, a costa de lo que fuera. Así como la poca disimulada intención de que no se tocara el injusto sistema electoral canario, como reconoció el presidente del grupo parlamentario de CC en un reciente debate televisivo.

Ahora, a sabiendas de que la mayoría absoluta del centralista PP impedirá que esa modificación se lleve a cabo, se activa la reforma estatutaria, en el último año de legislatura, como una pura escenificación de aparente voluntad de ampliación del autogobierno y de mejora del sistema lectoral. Destinada a llegar a ninguna parte. A destiempo y sin auténticas intenciones transformadoras. Convirtiéndose en un espectáculo con proyección mediática, así como una manera de intentar justificar su postura sobre la reforma electoral.

Participación
Y en ese teatral montaje no van a contar ni con nuestro aplauso ni con nuestra buena crítica. Ni con nuestra colaboración. Desde Nueva Canarias hemos anunciado recientemente que no tomaremos parte del simulacro que los partidos del Gobierno han montado y que sólo servirá para incrementar la confusión.

Los que hoy se plantean esta reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, sin el menor viso de que se haga realidad, son los mismos que boicotean la reforma electoral. Hace apenas un mes que impidieron que fuera admitida a trámite la propuesta planteada por NC, idéntica a la que los socialistas presentaron en la pasada legislatura, cuando formaban parte de la oposición.

Una reforma que no depende de otras instituciones y que es posible abordar en Canarias mañana mismo, cambiando al menos algunos de sus elementos más distorsionadores y menos democráticos. Como las elevadas barreras de acceso al Parlamento, que se convierten en un obstáculo para el pluralismo y que responden a los intereses de CC de perpetuarse eternamente en el poder con el socio que elija: PP o PSOE, y siempre ellos en la Presidencia, ganen o pierdan, como ha sucedido en las elecciones de 2007 y 2011; status que socialistas y conservadores también parecen aceptar.

En Nueva Canarias hemos defendido siempre el avance que ha supuesto para nuestra comunidad el desarrollo autonómico. Y somos partidarios de un nuevo Estatuto que amplíe competencias y fortalezca el autogobierno, pero realizado con un proceso bien distinto al actual. Con el imprescindible debate social, institucional y político. Con el máximo nivel de consenso posible.

Es cierto, además, que nuestra comunidad sufre un maltrato por parte del Estado, visible en la financiación o en los Presupuestos Generales del Estado. Pero no vale la estrategia permanente de echar las culpas a Madrid de todos nuestros males sin el menor elemento autocrítico. Necesitamos más autogobierno, sin duda, y, asimismo, mejor gobierno. Sobre todo cuando en distintas áreas, desde la sanidad a la dependencia, pasando por la vivienda o las energías renovables, la gestión autonómica deja mucho que desear.

Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias.