Dos decisiones que se han producido en el corto período de un mes han supuesto un duro golpe para los colectivos y personas que rechazamos la realización de prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias. Por un lado, la polémica declaración de impacto ambiental favorable emitida por el Ministerio de Medio Ambiente a finales de mayo. Por otro, la reciente sentencia del Tribunal Supremo, con división clara entre los magistrados, que desestima los siete recursos planteados por distintos colectivos e instituciones contra el decreto de marzo de 2012 que autorizaba los sondeos.

En distintas ocasiones he señalado que la vía jurídica sólo constituye una de las posibilidades para enfrentarse a esas impuestas prospecciones. Reconociendo también sus dificultades y limitaciones, al ser la Ley de Hidrocarburos de ámbito estatal y corresponder al Gobierno central las competencias en las concesiones en la materia; y por carecer Canarias de jurisdicción alguna sobre sus aguas, pese a los cantos de sirena de la inconsistente ley de aguas de Canarias, pactada por Rivero y Zapatero en la pasada legislatura.

El frente judicial no queda agotado con la decisión del Supremo; en la que, por cierto, dos de los cinco magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal han discrepado, defendiendo la realización de un estudio pormenorizado de los bienes e intereses afectados por las prospecciones en el subsuelo marino. Apuntando que antes de entrar a decidir sobre esos recursos habría que plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuya legislación es actualmente mucho más rigurosa y exigente en este asunto.

Además quedan, entre otros, los recursos por parte de diversos estamentos públicos y sociales de las Islas contra las irregularidades detectadas en la declaración de impacto ambiental favorable  por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente.

Como apuntaba, la vía jurídica, ante diversas instancias españolas e internacionales, es una de las sendas para tratar de parar los sondeos. Unas prospecciones rechazadas por el Parlamento de Canarias –con la excepción del PP de Soria- , seis de los siete cabildos insulares, multitud de ayuntamientos, las cámaras de Comercio de Lanzarote y Fuerteventura, la totalidad de las organizaciones medioambientalistas y, como han ratificado distintos sondeos, el 70% de los ciudadanos y ciudadanas de las Islas. 

Política
Pero sigo sosteniendo que la solución se encuentra esencialmente en el ámbito de la política y en el ejercicio de la democracia. Una democracia vulnerada cuando una decisión de semejante calado, que puede afectar al medioambiente y puede dar al traste con el modelo turístico que es hoy y seguirá siendo en el futuro el eje de nuestra economía y del empleo, se toma sin contar con la opinión de los hombres y mujeres de Canarias.

El Ejecutivo estatal ha puesto, en todo momento, en primer plano los intereses económicos de una multinacional. Supeditando a estos el futuro natural y marino del Archipiélago, así como olvidando las enormes posibilidades de desarrollo de las energías renovables, para las que tenemos las mejores condiciones.

El Gobierno de España no ha tenido en cuenta la voluntad mayoritaria de las instituciones de las Islas y de su ciudadanía. Expresada, también, en las mayores movilizaciones conjuntas que se han producido en todos los territorios insulares por un asunto que afecta exclusivamente al Archipiélago.

Manteniendo el PP, además, una posición bien distinta en Baleares, Valencia y Málaga, lugares en los que los conservadores se oponen radicalmente a las prospecciones petrolíferas por los daños medioambientales y por su repercusión negativa en el sector turístico. Pura coherencia entre unas comunidades y otras, como ven.

El Ejecutivo de Rajoy y Soria ni siquiera se ha molestado en responder a la propuesta de consulta ciudadana elevada por el Parlamento de Canarias. Constituye una muestra de deslealtad y un auténtico desprecio al planteamiento de las instituciones canarias de llevar a cabo un referéndum en torno a las prospecciones siguiendo todos los trámites procedimentales que prevé la vigente legalidad.

Consecuencias
Esta actitud tendrá consecuencias. Como consecuencias tuvo en el resultado del PP, en las recientes elecciones europeas, junto a sus incumplimientos electorales y sus políticas económicas y sociales, su empeño en ser el más entregado portavoz de Repsol, perdiendo el 25-M el 50% de los votos en las islas orientales. La persistencia en la falta de respeto al sentir de la ciudadanía, su obstinación en eludir el diálogo y la búsqueda de acuerdos, su apuesta decidida por el autoritarismo y el más feroz centralismo, su doble rasero entre Canarias y Baleares; no van a pasar desapercibidas.

Desde Nueva Canarias seguiremos trabajando en los más diversos ámbitos. En las instituciones y en la calle. Con el objetivo de que sean los canarios los que decidan qué modelo de desarrollo desean para su tierra. Por ello, continuamos insistiendo en la celebración de una consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas en aguas canarias; consulta a la que no renunciamos en ningún caso.

Sin olvidar, claro está, que tenemos la oportunidad de expresar en las urnas, en las elecciones que tendrán lugar en mayo de 2015, el rechazo a una manera insostenible de entender el desarrollo de esta tierra. Y a una forma, insostenible también, de entender la democracia, vaciada de contenido y convertida en una completa sumisión a los poderes económicos y a sus particulares intereses.

Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias.