La sanidad es una de las víctimas de las políticas neoliberales que se vienen aplicando como errónea receta a la actual y prolongada crisis económica, y que sólo han generado paralización de la economía, más desempleo y mayor pobreza. En España y en Canarias se han sufrido profundos recortes en recursos materiales y humanos, que dificultan la tarea de los profesionales y empeoran la atención que reciben los usuarios, especialmente con el incremento de las listas de espera.

 

Además, se han ido introduciendo medidas restrictivas, como el repago sanitario en el conjunto del Estado, que disuade y expulsa gente del sistema, y la exclusión del derecho a la atención sanitaria a determinados colectivos, como los inmigrantes sin papeles; así como las privatizaciones de hospitales y centros de salud en algunas comunidades autónomas.

 

Todo ello en el camino de un profundo cambio de modelo, intentando acabar con el de la sanidad pública, universal y financiada vía impuestos, inaugurado con la Ley General de Sanidad, que situó al Estado español en la vanguardia de los sistemas sanitarios mundiales.

 

Ahora, el Gobierno estatal ha introducido un nuevo copago de determinados medicamentos de uso hospitalario, complejos y caros, que se recetan para tumores y otras graves patologías. Se trata de una auténtica crueldad, de una decisión deshumanizada que apenas produce ahorro a las arcas públicas (algunos expertos estiman que resulta más caro la estructura de gestión del mismo que lo que van a recaudar) pero que castiga a los pacientes.

 

Errores propios

Canarias también ha sufrido las consecuencias de las políticas contra los servicios públicos. Por derivación de decisiones estatales, pero también por decisiones y errores propios. Se han reducido las plantillas sanitarias en miles de profesionales y se deteriora la asistencia. Aumentan las listas de espera, no sólo las quirúrgicas y las de consulta de especialistas sino también las pruebas diagnósticas (una resonancia o una mamografía), lo que no sólo genera angustia en la persona afectada sino también posibilita el agravamiento de la dolencia.

 

Desde Nueva Canarias hemos denunciado que el incremento de las listas de espera en la Comunidad Canaria un 50% más que la media estatal es fruto de las decisiones políticas y la manifiesta incapacidad del Gobierno canario de CC y PSOE. Entre 2011 y 2012, las partidas de los programas especiales para reducir las listas de espera se redujeron, nada menos, que en un 84%, al pasar de 11.735.395 en 2011 a los 1.667.835 asignados en 2012. Algo que no se resuelve, ni mucho menos, con la insignificante partida que han incluido en la recién aprobada ley de crédito extraordinario.

Pero no es sólo un problema de listas de espera. En el barómetro anual ´Los servicios sanitarios en las Comunidades autónomas’, elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Canarias aparece, por quinto año consecutivo, la segunda peor valorada, sólo mejor que la Comunidad Valenciana, y formando parte del grupo de nacionalidades y regiones con “servicios sanitarios deficientes”.

 

En esta lista, los mejores sistemas sanitarios corresponden a Asturias, Navarra, País Vasco y Aragón. En este barómetro no se analizan sólo las listas de espera sino factores como financiación, recursos humanos y funcionamiento, políticas farmacéuticas o valoración ciudadana.

 

Problema

También en el desagregado de la encuesta del CIS sobre Canarias, publicado el pasado mes de mayo, la sanidad aparece entre los principales problemas para los ciudadanos y ciudadanas de las Islas, con puntuaciones muy distanciadas de la media estatal: 38,7 frente al 7,9 del conjunto de España.

 

Frente a ello no cabe esconderse ni tratar de maquillar las cifras, como hace el Gobierno de Canarias, sino volver a colocar en las prioridades de la acción del Ejecutivo a los servicios públicos, con un adecuada financiación y, asimismo, con una buena gestión de los recursos disponibles. Insistiendo en la mejora del modelo de sanidad pública, universal y gratuita financiada mediante impuestos que, a pesar de disponer de menores recursos que otros estados de nuestro entorno, nos posibilitó alcanzar una gran calidad, eficiencia y equidad.