Como quien no quiere la cosa se habla, sin paños calientes, de la hipótesis de que 20.000 empleados, ¡sí 20.000! pierdan sus puestos de trabajo por la crisis, pero no por la crisis que conocemos los de a pié, no, esa no... Supuestamente es por la crisis que ha generado un "anónimo" que ha denunciado en Bruselas presuntas ayudas de Estado ilegales al grupo Correos.

Según parece, desde hace algunos meses, la Comisión Europea ha admitido a trámite una denuncia contra el Reino de España, el Grupo Correos y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por ayudas de Estado ilegales concedidas a la empresa pública y sus filiales.
El argumento de fondo de la reclamación podría ser averiguar si realmente el montante que se asigna en los Presupuestos Generales del Estado se destina a sufragar la carga financiera que supone el Servicio Postal Universal o si se destina a garantizar la viabilidad económica del grupo.

Según algunos indicios, la desventaja de otros operadores con respecto a Correos radica no en el servicio postal sino en el de paquetería ya que, en la Ley 43/2010, el grupo Correos se vio favorecido al aumentar de 10 a 20 kilos los paquetes incluidos en su marco de operación.

Son muchos los que esperan que esta denuncia "anónima", una vez escuchada a las partes, sea archivada.

Por otro lado, coincidiendo en tiempo y en relación a Correos,  también se ha expresado mediante un informe el Consejo de Transporte y Logística de la CEOE en el que señalan, entre otras cosas que "El sector empresarial ve con bastante preocupación la financiación que el Estado otorga a Correos, toda vez que la considera excesiva y poco transparente, no existiendo una gestión rigurosa  y eficiente por parte de este ente".

En este asunto se ha pronunciado Candelaria García, representante sindical de los empleados de Correos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, reclamando al Gobierno del Estado que se pronuncie al respecto puesto que consideran que no está apoyando a la empresa sino que más bien mira para otro lado, mientras sufren  ataques de lobbys  privados y por las grandes empresas de logística y paquetería, 

Aclara Candelaria García que hasta hace unos años el grupo correo se dedicaba principalmente al mercado de la carta que, en la actualidad, ha sufrido una caída de aproximadamente el 35%, por lo que han puesto en marcha otro tipo de acciones apostando por el servicio de paquetería y nuevas tecnologías y, por lo visto,  añade "hay gente a la que no le gusta eso y están llevando a cabo un acoso y derribo contra el operador, denunciando en la Unión Europea que se nos está financiando fraudulentamente".

Apunta García que el estado paga el Servicio Postal Universal anualmente y consiste en una partida económica que garantiza que incluso los lugares más remotos de la geografía española tengan garantizado una cobertura postal y para eso se usa, "ellos nos acusan de que este dinero se está utilizando para salir adelante, haciendo una competencia desleal y eso es mentira. Lo que nos estamos jugando ahora mismo son los puestos de trabajo y reivindicamos que el Gobierno haga palanca en contra de estos operadores porque están haciendo mucho daño y se pueden llevar por delante, a nivel nacional, más de 20.000 puestos de trabajo, A nivel de Canarias estaríamos hablando de aproximadamente 700 puestos de trabajo y en lo que respecta a la provincia de Tenerife  serían 347 puestos de trabajo".

Desde las centrales sindicales, los representantes de Correos avisan que si el Gobierno no se pone "las pilas" llevarán a cabo movilizaciones a partir de otoño y no descartan una huelga para el 2015.

Según expresa García más de 16 millones de españoles podrían verse afectados de prosperar la denuncia, añadiendo que lugares como las islas no capitalinas o zonas recónditas, se quedarían sin servicio postal "porque si no lo hace correos no lo hace nadie ya que es el único operador con logística suficiente para llegar a esos sitios, ¿Crees que una multinacional va a ir a Vilaflor, a La Palma o a la Gomera? No, porque no le es rentable, tampoco para Correos pero lo da porque está sometido a la obligatoriedad de Servicio Postal Universal que, en ocasiones, se convierte más en un servicio social y sobre esto hay miles de historias que contar. Además se habla tanto de la factura electrónica que se olvidan que existen lugares a los que no llega internet o, donde habitan personas mayores que no entienden de internet...y la carta hay que llevársela sí o sí".

Y, a pesar que el operador público es el más económico que existe, así está el patio en Correos, con una preocupación considerable ante el cuestionamiento del Servicio Postal Universal al que tienen derecho todos los ciudadanos  como así se recoge en nuestra Constitución.