Coalición Canaria votó no a la Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno. La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, rechazó la tramitación de la Ley de Vivienda que “ha estado aparcada y metida en un cajón durante meses y meses y de pronto, en 48 horas, se decide que es una prioridad porque hasta ahora no lo ha sido para el Gobierno socialista”. La diputada nacionalista criticó las prisas del PSOE por sacar adelante la normativa “conculcando todos los plazos y con un texto que no es el que defendía inicialmente el PSOE y que para los nacionalistas canarios no va a resolver el problema de la vivienda en España”.

Oramas justificó su rechazo porque el PSOE con esta ley “está engañando a la gente” y recordó que “no han cumplido con su política de vivienda; no han hecho nada ni una sola vivienda de las 100.000 que prometieron construir para alquiler ni han puesto a disposición las 10.000 que prometieron de la Sareb” y ahora, a mes y medio de las elecciones locales y autonómicas, el presidente Sánchez vuelve a anunciar 50.000 viviendas de la Sareb. “Los ciudadanos no le creen o piensan que les tratan por tontos”. 

La diputada nacionalista defendió hoy dos enmiendas a una ley que, además, de no resolver la problemática de la vivienda “invade competencias de las Comunidades Autónomas y no recoge las singularidades de cada una, que son distintas”. Una de las enmiendas está dirigida a corregir los aspectos sobre las condiciones y el régimen jurídico de las actuaciones públicas de reposición, porque “con esta ley es casi imposible la reposición” lo que dejaría en el limbo reposiciones como la de Las Chumberas. 

Pero también invade competencias de las comunidades autónomas. Concretamente, señaló que en el caso de Canarias afectaría a la venta o alquiler de las viviendas sociales que permite en determinados casos la normativa Canarias. La diputada explicó que en estos casos se permite después de cumplir unos requisitos y a un precio tasado de régimen público porque el mercado laboral implica muchas veces que familias vulnerables se tengan que desplazar por motivos de trabajo de una isla a otra, algo que los nacionalistas piden se tengan en cuenta.

Asimismo, Oramas mostró su disconformidad con el texto porque abre la puerta a legalizar la ocupación. La diputada aseguró que “con esta ley estamos diciendo a la gente que dé una patada a una vivienda social y se quede viviendo sin pagar renta, ni agua, ni luz ni comunidad y le quite el derecho a quien se le ha concedido la vivienda después de muchos años de espera”.

La diputada también puso en entredicho los topes a los precios del alquiler cuando en muchos casos “las subidas responden al incremento de las hipotecas” así como las trabas a los desahucios cuando un inquilino deja de pagar y cuando el propietario puede estar usando esa renta “para pagar una residencia de mayores, para atender a una persona dependiente y no solo se queda sin nada sino costeando la luz, el agua, la comunidad y todos los gastos”.

Otro de los aspectos sobre los que la portavoz mostró su rechazo es que “se salta el principio constitucional de la propiedad”. Al respecto preguntó sobre “quiénes somos nosotros para decir que un gran tenedor es una persona que tiene 5 propiedades, que puede que la tenga en usufructo con más herederos”. 

La diputada insistió en que esta ley “es un gran error” y reclamó una política de vivienda que emane del acuerdo entre el Estado, las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y que cuente con una ficha financiera.