La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, defendió hoy ante el Parlamento de Canarias el decreto ley de medidas urgentes relativas al deber de atenerse al uso turístico, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 17 de marzo y que suspende por un plazo de tres años y a petición del interesado, las sanciones por residir en zonas turísticas. 
Durante su intervención, De León recordó que “este cambio normativo responde a una problemática compleja, heredada tras años de inacción, que ha generado una grave inseguridad jurídica” para subrayar que “afecta especialmente a residentes en unidades alojativas ubicadas en suelos de uso turístico, en suelos de usos mixtos, pero con licencias para uso turístico”.

La consejera insistió en que el nuevo decreto lo que hace es suspender los procedimientos sancionadores que están en curso. “Y lo hace no para castigar ni obligar a nadie a declararse ilegal, como se ha dicho erróneamente, sino para proteger temporalmente a los afectados mientras se da tiempo a los ayuntamientos para adaptar sus instrumentos de planeamiento, en función de sus propias realidades. Es una medida de respiro, no de castigo”, insistió.

De León manifestó en su exposición que “la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo de Canarias recogía el deber de atenerse al uso y el principio de unidad de explotación, que permitía a los propietarios hasta el año 2010 -cuando nacen las plataformas comercializadoras- obtener una renta”. Además, señaló que “conscientes del proceso de residencialización que se estaba produciendo en zonas turísticas, la Ley del Suelo del año 2017 abrió la puerta a que se consolidara el uso residencial de estos apartamentos turísticos”. Un cambio de uso que debían realizar los ayuntamientos, al tratarse de una competencia municipal, y que han comenzado ya a abordar algunas entidades locales.

La titular de Turismo explicó que si no se deroga la ley es porque “diez mil empleos dependen del principio de unidad de explotación, porque miles de propietarios conviven con sus empresas explotadoras elegidas por sus comunidades cumpliendo la norma” e hizo hincapié en que “mirar para otro lado en procesos de residencialización ha supuesto la pérdida de 3.500 millones de euros, 943 millones de euros en recaudación fiscal y 88.000 puestos de trabajo”.

El decreto, convalidado este martes en la Cámara autonómica, garantiza la seguridad jurídica “porque hemos eliminado también la sustitución del propietario en caso de no atenerse al uso turístico y salir de la unidad de explotación” y recalcó que “esta norma favorece al residente, al pequeño propietario, al vecino que compró un apartamento hace décadas y que ahora se ve atrapado en una normativa obsoleta”.

En este sentido, Jéssica de León reivindicó el trabajo de los servicios de inspección de la Dirección General de Ordenación, aclarando que “los inspectores no actúan de oficio, solo cuando hay una denuncia hacen diligencia a los ayuntamientos afectados preguntando la calificación de la parcela y la licencia que se otorgó, cuando la respuesta es turística y en virtud de la norma se incoa expediente”. 

Además, recordó que la Consejería trabaja ya en las bases de la futura Ley del Turismo, que reformará las leyes 7/1995 y 2/2013 para adaptar la normativa a las necesidades de la Canarias actual, y pidió la colaboración de los diputados para buscar de forma conjunta una solución definitiva al proceso de residencialización.