La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado a los integrantes de la Mesa de Valoración del concurso de adjudicación de licencias de Frecuencia Modulada de la Comunidad Autónoma de Canarias -Fernando Ríos Rull, Manuel Almeida Peña, Cándida Hernández Pérez, David Berceo Toledo y José Luque Brito- por la presunta comisión de un delito de tráfico de influencias, admitiendo así la solicitud realizada por el representante legal de Archipiélago de Medios (Radio EL DÍA) el pasado 13 de abril.

En la denuncia, la fiscal María Farnés recuerda que el concurso fue convocado el 28 de julio de 2010 a través de una resolución del viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, y que seis meses después, el 31 de enero de 2011, la Mesa de Valoración abrió las ofertas presentadas por cada uno de los licitantes.

Sin embargo, el 8 de abril de ese mismo año, la Mesa de Valoración aprobó unos "criterios relativos a la propuesta de emisión y programación" a los efectos de valorar los programas concretos incluidos en los proyectos de programación, así como "unos criterios económicos y estructurales del solicitante".

Según la denuncia de la Fiscalía, "los criterios aprobados el 8 de abril de 2011 por la Mesa de Valoración no estaban previstos en las bases publicadas y, por tanto, pudieran haber beneficiado a sabiendas a unos candidatos y perjudicado abiertamente a otros que de haberlas conocido con anterioridad hubieran modificado sus ofertas, resultando particularmente beneficiados unos pocos licitantes que han concentrado la mayor parte de licencias".

La fiscal también tiene en cuenta en su denuncia la documentación aportada el 23 de abril de 2012 por el representante legal de Archipiélago de Medios en la que advierte de que algunas de las ofertas presentadas han sido creadas con posterioridad a la fecha de la apertura de los sobres en la mencionada fecha del 31 de enero de 2011.

En su escrito, la Fiscalía Anticorrupción solicita igualmente que se cite a declarar como imputados a todos los integrantes de la Mesa de Valoración y, en calidad de testigo, a Miguel Concepción. Además, pide que se requiera a la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno canario una copia del expediente administrativo que dio lugar a las adjudicaciones de las licencias de FM.

Irregularidades

También demanda un informe pericial de la Brigada de la Policía Judicial de la sección de delincuencia informática, con objeto de verificar si alguna de las ofertas presentadas que finalmente resultaron adjudicatarias fueron realizadas con posterioridad a la fecha en que fueron abiertos los sobres que contenían las mismas.

Conviene recordar ahora el reportaje "FM: licencia para ocultar", publicado en estas páginas el 19 de febrero, en el que se daba cuenta de irregularidades del concurso tales como la modificación de las bases con el proceso en marcha; las negativas reiteradas del Gobierno (incumpliendo la ley) a mostrar a los solicitantes rechazados la valoración de su propuesta; la ocultación de información a los concursantes que recurren; el incumplimiento de los criterios al constituir la mesa que valoró las propuestas; la ausencia de publicación del nombramiento de los miembros de la mesa de valoración y su nula especialización en materia audiovisual, o las sospechas de haber facilitado información exclusiva, y en secreto, a determinado concursante.