La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ATA ha realizado un nuevo informe sobre los plazos de morosidad de las administraciones públicas con los autónomos. La conclusión es que todas incumplen la Ley de Morosidad, tanto la local, como la autonómica y la estatal. De hecho, el 80% de las administraciones públicas en España sigue incumpliendo la Ley de Morosidad.

Los plazos medios de pago con los autónomos de las administraciones públicas en el primer
semestre de 2017 son de 71 días, tan sólo un día menos que en diciembre de 2016 (70 días). Por primera vez, las administraciones autonómicas son las que pagan en menor tiempo, en 54 días, de media, pero sin cumplir lo que establece la ley (30 días), a ser las únicas que han reducido los periodos medios de pago en lo que llevamos de año, concretamente en 10 días, frente al aumento registrado tanto en la administración central y en la local.

Así, las administraciones locales pagan de media sus facturas a los autónomos en 88 días (frente a los 80 de diciembre de 2016) y la central en 68 días de media, al registrar un elevadísimo aumento en el periodo analizado por ATA de 25 días (pasando de los 43 días en diciembre de 2016 a los 68 de junio). Hay que tener en cuenta que la administración central es la administración a la que menos servicios prestan los autónomos.
 

El consejo insular de Ibiza (11 días) el que antes paga a sus proveedores autónomos.

El informe sobre la Morosidad pública de ATA se fija también en los tiempos de demora de las
diputaciones provinciales con los autónomos. En el primer semestre de 2017, el consejo insular de Ibiza (11 días), junto con las diputaciones de Zamora y Salamanca (20 días), de Córdoba (21 días) y el cabildo Insular de la Gomera (21 días), las que menos tiempo hacen esperar a sus proveedores, cumpliendo la Ley de Morosidad con holgura al pagar en menos de tres semanas.

Por el contrario, la diputación provincial de Burgos se erige como la peor pagadora, al tardar de media 95 días en hacer frente a las facturas de sus proveedores, seguida del cabildo insular de El Hierro (78 días), el de Tenerife (77 días, de media) y la diputación provincial de A Coruña, que el primer semestre del año ha pagado en una media de 70 días, alejadas de los 30 que establece la Ley de Morosidad