El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez, y el director del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Antonio Ortega, asistieron este viernes a la conferencia sectorial convocada en Madrid para abordar el auge de los pisos turísticos en el territorio nacional, una materia en la que el Gobierno de España no tiene ninguna competencia.

La Consejería de Turismo y Empleo, que dirige Jéssica de León, ha pedido al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que ejerza sus propias competencias y busque soluciones efectivas a la crisis habitacional que sufren numerosos destinos de España. En esa línea han coincidido la mayoría de las comunidades autónomas presentes en la reunión.

Ya Canarias, junto a otras regiones como Madrid o Andalucía, se ha puesto manos a la obra para regular el uso turístico de viviendas en sus territorios, al tratarse de una competencia exclusivamente autonómica. Para el Ejecutivo regional, el Estado debe ahora remar en la misma dirección y hacer uso de las suyas propias con el fin de favorecer a los residentes.

Una de esas competencias clave que sí está en manos del Gobierno central es la modificación de la Ley de Vivienda Estatal, que desde que se aprobó en abril de 2023 ha sacado del mercado el 40% de la oferta residencial, debido a la inseguridad que ha generado a los propietarios.

Además, el Estado debe acometer la reforma de la Ley del Suelo que, precisamente este jueves, 23 de mayo, fue retirada en el Congreso de los Diputados por carecer de apoyos parlamentarios suficientes, un hecho que impide avanzar al país en asuntos trascendentales como el derecho a la vivienda.

Según detalló Rodríguez, desde el área de Ordenación Turística, se han presentado propuestas en positivo al Ministerio de Vivienda para mejorar la Ley Estatal del Suelo. Estas hacen referencia, especialmente, a la propia naturaleza habitacional del suelo residencial y de la vivienda, a la necesidad de recuperar el orden natural de las cosas y el equilibrio entre el uso residencial y el eventual uso turístico.

“Lo que queremos es que se defina mejor cuál es la función social del derecho a la propiedad de la vivienda, y que en el planeamiento urbanístico esta se reserve fundamentalmente a un fin habitacional”, explicó Rodríguez, agregando que así lo establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El director general señaló que más allá de las fotos y los titulares que surjan tras la reunión de hoy, espera que el Gobierno de España trabaje dentro de su marco competencial en beneficio de la ciudadanía, especialmente en aquellos lugares donde el mercado se encuentra tensionado y los precios son inasumibles.

“Las comunidades autónomas ya estamos trabajando para regular la vivienda vacacional”, afirmó Rodríguez, apuntando que “Canarias ya está inmersa en el trámite de la futura ley que regulará esta modalidad alojativa”. Además, desde la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, que dirige Pablo Rodríguez, se han implementado medidas para incorporar viviendas residenciales al mercado, como la declaración de la emergencia habitacional, o la aprobación del decreto ley de medidas urgentes de vivienda.

El director general indicó, por otro lado, que se ha “fijado el calendario para implementar el reglamento europeo respecto a los alquileres de corta duración” que, entre otros aspectos, introduce requisitos comunes para todos los propietarios de viviendas vacacionales de la Unión Europea y la necesidad de establecer un número de registro único para cada piso turístico que quiera anunciarse en plataformas de alquiler vacacional, evitando con ello la oferta irregular.

En este sentido, Miguel Ángel Rodríguez señaló que “no se va a agotar el plazo máximo legal de dos años para aplicar el reglamento, sino que se va a intentar realizar en año y medio”. Desde Canarias, agregó, se ha insistido en la importancia de hacer un esfuerzo, incluso, para que entre en vigor en el plazo de doce meses.

“Se trata de un primer paso por parte del Gobierno de España y confiamos que la cogobernanza sea la senda para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, que conviva con la actividad turística, pulmón de nuestra economía, concluyó Rodríguez.

Por su parte, Antonio Ortega señaló que la mayoría de las comunidades autónomas han coincidido en la necesidad de legislar, ya que “no se puede tener vivienda vacía por el miedo y la inseguridad jurídica que en este momento existe por parte de los propietarios, por las ocupaciones de esas viviendas”

En este sentido, llamó al Ministerio competente a “regular y dar garantía jurídica a los propietarios y a la parte pública, para que las viviendas que han sido ocupadas sean desocupadas, lo que sacaría al mercado las propiedades que ahora mismo se encuentran vacías”.