El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Canarias) insta al Gobierno de Canarias a establecer criterios claros y transparentes para garantizar que no se produzcan casos de discriminación hacia personas con discapacidad en el acceso a la función pública.
Este llamamiento se produce tras el reciente caso de Uxía García, profesora con un 66% de discapacidad visual, quien tras superar las oposiciones al Cuerpo de Maestros en Canarias en 2024, fue declarada “no apta” para ejercer funciones de Pedagogía Terapéutica por la Inspección Médica. García, que había demostrado su competencia en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Domínguez Alfonso de La Orotava, enfrentó un cese cautelar que ha sido revertido temporalmente gracias a la intervención de la Consejería de Educación, aunque no podrá ser declarada funcionaria hasta que se resuelva el proceso contencioso-administrativo.

CERMI Canarias considera que este caso refleja una discriminación flagrante hacia las personas con discapacidad, contraviniendo la Constitución Española (artículos 14 y 49) y la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La falta de protocolos claros y objetivos en los procesos de selección y evaluación genera situaciones de discriminación y arbitrariedad, vulnerando el principio de igualdad de oportunidades. Además, a pesar de lo estipulado en el Decreto 8/2011, de 27 de enero, que regula el acceso al empleo público de las personas con discapacidad, no se implementan los ajustes razonables necesarios para garantizar su desempeño laboral en igualdad de condiciones. También se han detectado irregularidades en los criterios aplicados por la Inspección Médica, poniendo en riesgo los derechos de los aspirantes con discapacidad al ignorar informes médicos, administrativos y profesionales que avalan su capacidad.
 

Propuesta de CERMI Canarias

Ante esta situación, CERMI Canarias solicita al Gobierno de Canarias la creación de un protocolo específico que regule los procesos de evaluación y selección para personas con discapacidad, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y prevenir discriminaciones. Este protocolo debe incluir criterios objetivos y ajustes razonables en línea con los principios de la Convención de la ONU y la legislación vigente. Asimismo, se propone una revisión y actualización de las guías y normativas aplicadas por la Inspección Médica, asegurando que respondan a las necesidades reales de las personas con discapacidad y respeten sus derechos.

CERMI Canarias también destaca la importancia de establecer un canal de diálogo efectivo entre la Consejería de Educación, la Consejería de Función Pública y las entidades que representan a las personas con discapacidad, para coordinar acciones y garantizar el cumplimiento de la normativa. Paralelamente, se debe ofrecer apoyo jurídico y administrativo a las personas afectadas, asegurando su defensa en los procedimientos contenciosos administrativos que puedan surgir.