La Fundación Canaria de la Construcción (Funcac) denuncia que la enorme presión ejercida por el grupo J & Garrigues SLP ha impedido que salga a la luz en la mayoría de los medios de comunicación de Canarias una querella presentada por presunto robo de secreto y tráfico de influencias. En concreto, la Funcac se ha hecho eco de la existencia de una presunta trama criminal vinculada a la jurisdicción social y a la inspección de trabajo.

La Promotora de Inversiones Británico Canario SA, empresa asociada a la Funcac y dedicada a la promoción de viviendas, denunció en su momento ante el Juzgado el posible robo masivo de documentos del que podrían ser responsables dos exapoderadas que trabajaron para la compañía durante más de veinte años. La compañía fue creada en el año 1987 y desde entonces ha realizado diversas viviendas a lo largo y ancho de toda la Isla. La noticia enviada en varias ocasiones a los medios de comunicación no ha llegado a ser publicada, lo que desde la Funcac se interpreta como resultado de la presión ejercida por el grupo de abogados.

Tal y como se indicó en su momento, los hechos relatados en la querella adquieren especial relevancia y gravedad al darse la circunstancia de que los abogados de las trabajadoras podrían estar “participando activamente en el uso de esta información” supuestamente sustraída. Los letrados pertenecen a la multinacional jurídica y el empresario cree que se están utilizando los datos presuntamente robados para obtener resoluciones judiciales favorables, lo cual convertiría a los letrados y sus supuestos colaboradores en actores del mismo delito.

Además, funcionarios de la Inspección de Trabajo habrían preparado demandas ejecutivas contra los responsables de la promotora, al suministrarles dichos letrados de forma “tendenciosa” a los inspectores informaciones “incompletas y manipuladas”.

Los denunciantes creen que se podría estar ante el auténtico “extremo de un ovillo”. Y es que el verdadero fondo de la denuncia no sería otro que la existencia de abogados que incurren en un posible “tráfico de influencias” cuyo único fin es alcanzar resoluciones judiciales y administrativas favorables para sus intereses. Todo ello supondría la eliminación del principio de “igualdad de armas” en los pleitos abiertos a raíz del despido de ambas exapoderadas.

La documentación que se aportó ante el Juzgado probaría que una de las exapoderadas transfirió gran cantidad de datos  que nada tenían que ver con sus necesidades laborales, pero sí con las empresas que se encontraban en concurso y cuya gestión tramitaban las demandadas. Además, incluirían datos personales del empresario y su familia.

La denuncia apunta un presunto delito de “descubrimiento y revelación de secretos”, del que sería cómplice un abogado laboralista que es hermano de una de las denunciadas y la firma para la que trabaja. Desde la empresa se recuerda que cada una de las demandadas recibió una cuantiosa indemnización tras su despido en 2010 motivado por la crisis inmobiliaria vivida en los últimos años.

Por parte de la empresa se llega a denominar como “intrigas de un posible grupo criminal”, la filtración de estos datos y el uso que se puede estar haciendo de los mismos. La información suministrada a la Inspección de Trabajo no sólo tendría un origen ilícito, sino que además estaría manipulada por el abogado laboralista. Todo ello con el fin de perjudicar al empresario y a su familia.

“Este cúmulo de circunstancias revelaría la existencia de una trama formada por abogados, peritos, funcionarios de los juzgados de lo social y de la inspección de trabajo, donde se practica la presunta colaboración ilícita y el tráfico de influencias”. Desde la empresa se concluye con que “la peor corrupción es la que anida a veces, en los entornos de los ámbitos judiciales de lo social y administrativos”.