El senador por La Gomera, Gregorio Medina Tomé, defendió este jueves una moción ante la Comisión de Fomento de la Cámara Alta,  relativa a la necesidad de que el Gobierno de España acelere y recupere en el tiempo,  que los ciudadanos y ciudadanas de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla puedan acreditar su condición de residentes para poderse acoger a la bonificación del transporte a través del Documento Nacional de Identidad (DNI). 

El parlamentario recordó como en el mes de abril de este año, la Ministra de Fomento, Ana Pastor “afirmaba alegremente” en Canarias que “afortunadamente ya nadie tiene que enseñar el certificado de residencia para viajar” algo que calificó de “manifiestamente falso”

Medina, apuntó que en el mes de mayo de 2012, el Ministerio de Fomento anunció la obligatoriedad de los viajeros residentes en esas zonas de España anteriormente señaladas para poder viajar a otras partes del territorio nacional a través de un certificado de empadronamiento. “Se ponía así –dijo el Senador--  final a más de ocho años en los que el DNI era el único documento requerido para tal fin con la excusa de que “se había detectado un fraude, que según anunció la Ministra en ese momento, estaba siendo investigado por la fiscal”. Y señaló que “la misma representante del Gobierno dijo textualmente en aquella ocasión que “estamos trabajando con las compañía aéreas, con las agencias de viajes y con la Federación de Municipios y Provincias a fin de ver el modo de automatizar y agilizar la verificación de la Residencia”. 

A pesar de todo ello, el 1 de septiembre de 2012 se cumplió con lo anunciado y el certificado de empadronamiento sustituyó al DNI como documento para acreditarse en ese sentido. Una circunstancia que “casi dos años después no variado  y los contratiempos e incomodidades que ocasiona a los usuarios esta normativa han continuado hasta el día de hoy”. 

Por esa razón el Grupo Parlamentario Socialista y también el de Coalición Canaria presentaron,  tiempo después un conjunto de iniciativas para exigir la pronta implantación del sistema telemático anunciado por la Ministra y para que mientras tanto el uso del DNI fuera suficiente nuevamente para acreditar la residencia, pero el PP todas ellas las rechazó. 

En enero de este año 2014, el Boletín Oficial del Estado publicó el RDL 1/2014 de 24 de enero, de Reformas en Materia de Infraestructuras y Transportes y otras medidas económicas en el que,  en su artículo 4 “hacía pasar a mejor vida el certificado de empadronamiento, y el DNI recuperaba, año y medio después, el protagonismo perdido. Una medida que fue anunciada a bombo y platillo por el Gobierno y que generó satisfacción entre la ciudadanía por ese cambio de criterio pero –a juicio del Senador “nuestro gozo en un pozo, nuestra alegría, como en la casa de los pobres duró poco, ya que ese mismo texto legal  daba a las compañía marítimas y aéreas y a sus agentes, hasta el 1 de noviembre de 2014 para ponerse al día, en otras palabras, la efectividad de la fórmula de acreditación no sería “legalmente exigible” a las operadoras hasta diez meses después de ser aprobada”. 

Gregorio Medina recordó que “la confusión se extendió y tanto los medios de comunicación como la compañía anteriormente mencionadas alertaban lo evidente, que hasta esa fecha el viajero que no llevara consigo el certificado podría correr el riesgo de no disfrutar de bonificación viéndose obligado a abonar el 100% del coste real del billete, ya que la dificultad de funcionamiento del sistema telemático ideado por el Gobierno del PP complicaba su puesta en funcionamiento, algo que se entendió –dice el Senador—como un periodo de gracia para su adaptación  o una excusa incorporada por el Gobierno para no agilizar su implantación”

La moción presentada para agilizar la incorporación del DNI antes de noviembre este jueves “fue nuevamente rechazada por el Grupo Popular en el Senado a pesar de pedir que se realizara un seguimiento exhaustivo de cuál es el grado de implantación del Sistema Telemático de Acreditación de la Residencia en todas y cada una de las compañías operadoras,  y de que se adoptaran las medidas oportunas para que la implantación de integración se realice lo antes posible”.