El candidato a la alcaldía de Guía por Coalición Canaria, Julián Melián, denuncia que el alcalde de Guía, Pedro Rodríguez, ha permitido instalar antenas en el Pico de La Atalaya fuera de la legalidad a determinados medios de comunicación. “Esta situación ha sido confirmada por el propio ayuntamiento que ha emitido un escrito a las empresas titulares de los medios de comunicación implicados exigiendo la regularización de la ocupación de las antenas. De esta forma, el escrito confirma la gestión ilegal continuada de las antenas por parte de empresas con la connivencia de Pedro Rodríguez y su equipo de Gobierno”.

Julián Melián concreta que el comunicado del ayuntamiento solicita a las empresas que se presente el título habilitante de la ocupación de la antena o que se solicite la regularización de la misma, advirtiendo que si no se realizan estos trámites, desconectarán los equipos o repetidores. Asimismo, el candidato subraya que el grupo de Gobierno debe asumir toda la responsabilidad de lo sucedido e insiste: “La permisividad del Gobierno de Guía a esta gestión irregular ha quedado patente y más cuando las antenas están conectadas en un cuarto de propiedad municipal al que únicamente se puede acceder con el permiso de la concejalía responsable”.

El nacionalista señala que el alcalde de Guía, Pedro Rodríguez, y su equipo, han decidido ahora regularizar la situación ante la insistencia de Coalición Canaria por conocer las circunstancias en las que se encuentra la gestión de la antena situada en el Pico de La Atalaya.  “Desde el mes de febrero del presente año hemos estado reclamando el grupo de Gobierno que nos informe, a raíz de la denuncia que nos hizo una asociación de radioaficionados, que nos alertó de las irregularidades”, comenta Julián Melián y añade: “Gracias a la consulta de Coalición Canaria el ayuntamiento está intentando regularizar una situación que lleva años funcionando de manera inadecuada”.

El candidato apunta que continuarán ahondando en este tema para aclarar si lo acontecido es constitutivo de delito y detalla que algunas de las empresas implicadas tienen ánimo de lucro.