En el relato de la querella  aparecen involucrados de  una forma u otra la ex concejal de Urbanismo, Luz Reverón, el gerente de Urbanismo, Eduardo Risueño y los secretarios de la Gerencia de Urbanismo Víctor Reyes y del Ayuntamiento Luis Prieto y técnicos de la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), entre otros. Aún no existe una lista de imputados ya que la investigación no ha concluido y se está a la espera de realizar determinadas diligencias. La Fiscalía ha requerido al Ayuntamiento una serie de documentos que aún no le ha sido facilitada. Un extremo por el que se muestra sorprendido el concejal de Urbanismo, José Ángel Martín Bethencourt, quien señalaba hoy que han sido numerosas las ocasiones en las que personal de los juzgados han solicitado información sobre el planeamiento en vigor y el que se está tramitando en estos momentos y se le ha entregado personalmente sin ningún tipo de problema. Será al final de estos trámites cuando comenzará la ronda de declaraciones en calidad de imputados o testigos.

Un dato que ha sorprendido del contenido de la querella es la contundencia de las conclusiones a las que llega la fiscal y que se concretan por ahora en hasta once casos de supuestas ilegalidades y tratos de favor. El abogado de la Plataforma en contra del PGO, Felipe Campos, que fue el que en su momento presentó la denuncia ya ha solicitado que Prieto comparezca en este procedimiento en calidad de imputado por el supuesto delito de fasificación de documento público al considerarlo el principal responsable de garantizar el contenido del planeamiento. Otro dato que llama la atención de las pesquisas iniciadas hace dos años es la posible vinculación de técnicos de la Cotmac aunque aún no ha trascendido en qué grado y hasta que punto. En este caso estarían relacionados con el supuesto delito de prevaricación al haber sido conscientes de las ilegalidades del documento pero sin embargo haber intentado sacarlo adelante.

El grueso de los hechos se remontan a finales del año 2009 y principios de 2010 cuando el Ayuntamiento pretendió aprobar por segunda vez de forma definitiva el PGO y para ello celebró dos sesiones plenarias cuando más arreciaban las protestas en la calle ante la aparición de miles de viviendas situación de fuera de ordenación. Tras el envío de la documentación a la Cotmac la policía judicial por orden de la Fiscalía Anticorrupción y la de Medio Ambiente se personó en la sede de la Consejería de Política Territorial en el edificio Usos Múltiples I en varias ocasiones para requerir determinada documentación. La fiscal jefa, Carmen Almendral, indicó que hasta el pasado miércoles no se le había facilitado aún una lista de imputados ya que se estaba a la espera de culminar determinadas diligencias. Sobre la posible involucración de Reverón en este caso se limitó a señalar que "evidentemente como es público y notorio era la concejal de Urbanismo en aquellos momentos". La fiscal no quiso concretar la supuesta connivencia entre técnicos de la Cotmac en los hechos que están investigados. "Ahí no puedo entrar", se limitó a señalar. En estos momentos el Juzgado de Instrucción número 3 es el encargado de llevar el caso y se espera que en breve comience la ronda de declaraciones tanto de los testigos como de los imputados.

La denuncia suma los 122 folios a lo largo de los cuales se hace un pormenorizado y muy contundente repaso de los hechos ocurridos durante aquellas fechas cuando circularon diversas versiones del PGO. Uno de los documentos era el que salió a información pública, otro se facilitó a la oposición, otro fue votado en pleno y uno más se remitió a la Cotmac. Las diferencias quedaban en evidencia por las variaciones en el tamaño de cada uno de los soportes digitales analizados. Hechos, que al parecer han sido constatados, según la querella, por la división informática de la policía judicial. Precisamente, fue el organismo encargado de velar por la legalidad urbanística del PGO el que llamó la atención en su informe del año 2010, sobre la introducción de diversos convenios o variaciones de peso entre las versiones que se sacaron a información pública y las que luego se les hicieron llegar. Además, durante su tramitación la Cotmac requirió al Ayuntamiento para que le enviara una copia autentificada del Plan General, lo que finalmente se hizo pero en el año 2011 cuando de nuevo se intentó, sin éxito, proceder a su aprobación.

Fuentes del Ayuntamiento consultadas ayer indicaron que la querella supone de hecho la anulación del PGO puesto que una vez que han trascendido las sospechas sobre su contenido, muy difícilmente se podrá proceder a su aprobación a no ser que se quiera incurrir en una ilegalidad. En el caso de Reverón, actualmente delegada del Gobierno en La Gomera tras afiliarse al Partido Popular (PP), permanece en la actualidad como acusada por el caso mamotreto que tras varios años de investigaciones sólo está pendiente de que se fije le fecha del juicio. Reyes, por su parte, sigue como imputado por el caso de Las Teresitas que en estos momentos ha sido derivado al Tribunal Supremo (TS) tras la designación de Miguel Zerolo como senador por la Comunidad Autónoma.