La diputada autonómica del Partido Popular, Milagros Bethencourt, denunció hoy que “los grupos políticos de PSOE y CC han demostrado en el Pleno del Parlamento de Canarias que les importa mucho más salvar sus cabezas y las grietas abiertas en el pacto de Gobierno, que los 3.300 afectados por la estafa política que ha supuesto la Hipoteca Joven”.

Así se refirió la parlamentaria popular al acuerdo entre ambas fuerzas para respaldar un pago parcial a los beneficiarios de estas subvenciones, en lugar del total de la deuda. “Los denunciantes no avalan estas migajas del Ejecutivo regional, que no puede vender como acuerdo lo que es un engaño más”, dijo.

Asimismo, condenó el rechazo a la propuesta del Grupo Popular, que exigía al Gobierno el pago total de las cantidades adeudas, que oscilan entre los 3.000 y los 12.000 euros, “en consonancia con las demandas de los afectados, que no están ni mucho menos satisfechos con la resolución aprobada”.

“La consejera de Vivienda, que ayer se comprometió a apoyar en Pleno las iniciativas que recogieran las propuestas de los jóvenes, a quienes pidió perdón por su conducta, hoy es gravemente desautorizada por los partidos que la sostienen, y queda nuevamente en evidencia”, destacó.

Bethencourt recordó el rechazo de socialistas y nacionalistas a las enmiendas presentadas por el PP a los presupuestos 2013, que preveían dos millones de euros para saldar las deudas. “Algunos habrán querido lavar sus conciencias con este apaño, pero se han retratado desde hace meses”, agregó.

“Este burdo arreglo de CC y PSOE podrá dar oxígeno al pacto, pero no da solución a quienes llevan hasta tres años engañados un Gobierno regional que está intentando timarles nuevamente y que carece de disponibilidad presupuestaria para hacer frente a la subvención”, concluyó la diputada del Partido Popular.

Texto de la propuesta del Grupo Popular

1. Abonar las subvenciones a los beneficiarios del Programa Hipoteca Joven que en su día no fueron satisfechas por no haber disponibilidad presupuestaria, como beneficiarios del Plan de Vivienda 2009-2012, en la cuantía que en cada caso proceda de acuerdo con la baremación establecida en el artículo 144 del Decreto 135/2009, de 20 de octubre, y con independencia de la vía administrativa o judicial en que se encuentre dicho beneficiario, por motivo de la denegación de la subvención. Se tendrá en cuenta para ello, el nivel de rentas y el baremo respecto a la situación inicial de la solicitud, y no a la situación presente de cada uno de los afectados.

2. Proceder al pago de las cantidades pendientes, de no ser posible hacerlo con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del año 2013, en los Presupuestos de los ejercicios 2014 y 2015.

3. Abonar las subvenciones a todos los demandantes de la Hipoteca Joven Canaria acogidos al Plan de Vivienda de Canarias 2009-2012, que, sin haber recibido resolución, bien por silencio administrativo, o bien por estar pendientes de resolución, cumplan con los requisitos.

4. Negociar con las Entidades Financieras para que eliminen el suelo de forma definitiva de las hipotecas acogidas a la Hipoteca Joven Canaria, tanto en los contratos suscritos al amparo del Plan de Vivienda 2009-2012, como en los sucesivos que puedan verse afectados y que estén acogidos a cualquier Plan de Vivienda posterior, así como prever un sistema que evite que la eliminación del suelo hipotecario suponga un gasto adicional para los afectados, en caso de que fuera necesaria la modificación de las escrituras del préstamo hipotecario u otro gasto.

5. Prever en las leyes de Presupuestos de los ejercicios 2014 a 2016, partidas económicas suficientes como para acometer las acciones previstas en el Plan de Vivienda Joven, incluidas el abono de las ayudas contempladas.

6. Crear una Mesa de Trabajo constituida por técnicos de la Consejería competente en materia de vivienda, y miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Joven Canaria, con la finalidad de consensuar una salida a este conflicto, así como velar por el respeto a las condiciones establecidas en el Convenio suscrito entre Entidades financieras y Gobierno de Canarias.