La portavoz parlamentaria de NC-BC en materia de vivienda, Carmen Hernández, ha propuesto siete medidas para afrontar la falta de vivienda en el Archipiélago. La parlamentaria canarista volvió a ofrecer hoy al Ejecutivo de CC y el PP, como iniciativa prioritaria e inmediata, su Programa Canario de Alquiler Seguro. Una medida que el grupo canarista combina con otras de carácter social y para el control de la especulación. Carmen Hernández hizo hincapié en que el trabajo de NC-BC se basa en las experiencias exitosas de comunidades como Navarra, Euskadi y las Islas Baleares.

Desde que, el pasado mes de febrero, el Gobierno aprobó el decreto ley de medidas urgentes, la diputada canarista advirtió de que los precios de la compra como del alquiler no han parado de subir, el número de demandantes de vivienda pública sigue la misma tónica y ya son más de 25.000. Más de 180.000 jóvenes no pueden emanciparse a pesar de ser independientes económicamente, un número creciente de personas viven asfixiadas por el elevado coste de las hipotecas y los arrendamientos y otros muchos se ven obligados a vivir en inmuebles sin condiciones de habitabilidad (como coches y furgonetas, en el mejor de los casos).  

Nueva Canarias-BC cree que el decreto ley ha sido ineficaz y ve al gabinete de Clavijo “inseguro, temeroso y con falta de determinación” para abordar el principal problema de los ciudadanos. Canarias necesita, en opinión de Carmen Hernández, una estrategia “integral, realista y eficaz” y el grupo canarista, en base a las experiencias con resultados positivos de otras comunidades del Estado, ofrece siete líneas de trabajo
Soluciones

La primera medida, la “prioritaria a poner en marcha ya”, sin esperar otros nueve meses, es el Programa Canario de Alquiler Seguro. Hernández volvió a ofrecer esta propuesta que NC-BC presentó el pasado mes de junio. A pesar de que fue rechazado por CC y el PP “ahora volvemos a ofrecérselo” al Ejecutivo porque comienza a reconocer que es la fórmula “más rápida e inmediata” para poner inmuebles en el mercado y estabilizar los precios del arrendamiento, declaró Hernández. 

Se mostró convencida de que servirá para que regresen al mercado una parte de las 211.000 propiedades desocupadas existentes en las islas, siempre que haya garantías jurídicas y económicas para el propietario. Entre ellas, que el Gobierno alquile directamente al dueño a un precio atractivo y que se convierta en el avalista que garantiza el cobro mensual de la renta. Además de suscribir un seguro multirriesgo del hogar y la devolución de la propiedad en perfecto estado.

El resto de las medidas de la estrategia de NC-BC encaminada a resolver la crisis de manera completa y duradera, añadió la portavoz, pasan por prohibir especular con la vivienda pública. La tercera medida, poner un tope al precio del arrendamiento y la cuarta, declarar las zonas tensionadas sin desviar toda la responsabilidad en los ayuntamientos.

En quinto lugar, una moratoria en la concesión de autorizaciones para viviendas vacacionales hasta que se apruebe la ley, que el Gobierno se está retrasando en llevar al Parlamento para su tramitación y aprobación final. 
La sexta propuesta de NC-BC pasa por aprobar incentivos fiscales que animen a los jóvenes a alquilar y la séptima, un plan para construir, al menos, 20,000 viviendas públicas, en coordinación con los consorcios insulares de viviendas y las empresas públicas especializadas que disponen las cuatro ciudades metropolitanas de Canarias.

Para Carmen Hernández es “fundamental” que se recupere el espíritu del gran pacto de 2020 en favor de la vivienda digna en Canarias, suscrito por ayuntamientos, cabildos, Parlamento, Gobierno, colectivos sociales y empresariales. “Entre todos tenemos que frenar a quienes se están forrando”, como los fondos de inversión, las grandes inmobiliarias y tenedores, “a costa de la pobreza y de la salud mental de nuestra gente”, defendió la parlamentaria de NC-BC.