“¿Cuál es en estos momentos la posición del grupo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ante la eventual instalación en la Isla de una planta de incineración de biomasa exportada del exterior y, en su caso, qué medidas piensa promover para impedir su efectiva implantación?”. Esta es la pregunta que el portavoz del grupo insular de Podemos, Fernando Sabaté, ha incluido en el orden del día de la comisión plenaria de Medio Ambiente que se celebrará mañana en la Corporación insular, para intentar aclarar este asunto sobre el que se han vertido informaciones contradictorias que dejan la puerta abierta a la planta de biomasa del puerto de Granadilla “cuando ya la creíamos descartada”.

Explica en este sentido que la Autoridad Portuaria de Las Palmas de Gran Canaria aseguró recientemente que el proyecto de biomasa previsto en esa Isla está totalmente descartado y que en su próximo consejo de administración se desautorizará definitivamente esta planta. Sin embargo, puntualiza Sabaté, la Autoridad Portuaria de Tenerife ha informado en prensa que hasta el 11 de abril no había recibido ninguna petición de retirada del proyecto por parte de sus promotores, “lo cual deja abierta la posibilidad de que los planes de la compañía tengan continuidad en nuestra Isla”.

El consejero de Podemos recuerda que el año pasado la empresa Ence solicitó la concesión de 48.000 meros cuadrados en el grancanario Puerto de la Luz y una cantidad equivalente en el puerto tinerfeño de Granadilla con el propósito de poner en marcha dos plantas de biomasa para producción de electricidad. Su producción estimada, señala, convertiría a cualquiera de esas plantas en la mayor de sus características del Estado español, con capacidad de generar hasta 70 megavatios al año con la combustión de madera y restos forestales extraídos de bosques de países del África Ecuatorial y de zonas forestales de países sudamericanos de la orilla del Atlántico.

Sabaté recuerda también que el proyecto de Ence para el puerto de la luz, el más maduro y avanzado, fue estudiado y aprobado en junio de 2015 por el Comité de Inversiones, órgano colegiado de consulta y asesoramiento del Gobierno de Canarias y que un mes después la Consejería de Sanidad del mismo ejecutivo emitió informe desfavorable advirtiendo de graves riesgos par la salud y el medio ambiente de la Isla. Sin embargo, prosigue, el Consejo de Gobierno encabezado por el presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, decidió validar en septiembre la propuesta del Comité de Inversiones, declarando de interés estratégico tanto el proyecto de Las Palmas como el de Tenerife.

La movilización social y las denuncias de varios colectivos del Archipiélago contra el alto riesgo para la salud pública que generarían ambos proyectos, así como el posicionamiento del Cabildo de Gran Canaria y de representantes del Ayuntamiento de Las Palmas contra la planta de biomasa planteada en la Isla vecina, y un segundo informe desfavorable de Sanidad aún más tajante que el primero, reseña Sabaté, llevaron a Clavijo a cambiar de postura y a afirmar en declaraciones radiofónicas que el gobierno de Canarias “no autorizará jamás nada que vaya a perjudicar la salud y el aire”, que los citados proyectos tendrían que modificarse “mucho” para poderse llevar a cabo y que eran prácticamente irrealizables.

En lo que respecta a Tenerife, prosigue el consejero insular de Podemos, en esas mismas fechas, Carlos Alonso, presidente del Cabildo tinerfeño, aseguró a varios medios de comunicación que el proyecto de biomasa en Granadilla “no es ni prioritario ni adecuado para el desarrollo energético de Tenerife” y que esta Corporación había emitido informe desfavorable por los problemas ambientales de esa planta que generaría “problemas ambientales de huella de carbono” y “un gasto importante de combustibles”. Sin embargo, alerta Sabaté, la Autoridad Portuaria de Tenerife no ha dicho nada en contra de este proyecto y, por otro lado, la Consejería de Sanidad no ha realizado ningún informe de salud del proyecto de Ence en Granadilla “porque nadie se lo ha pedido, lo que nos hace temer que esta empresa descarte la planta grancanaria y se centre en apostar por la de Tenerife, motivo por el que consideramos importante que el Cabildo de Tenerife haga un pronunciamiento oficial contra el proyecto e, incluso, que solicite los informes que aseguren su descarte definitivo”.