El portavoz parlamentario del PP en materia económica, Jorge Rodríguez, denunció hoy que “sólo el alquiler de la sede de la Consejería de Economía y Hacienda en la Santa Cruz de Tenerife representa un gasto mensual de 277.846 euros (46,2 millones de pesetas) y de 3,3 millones de euros (554 millones de pesetas) en el conjunto del año”.

Jorge Rodríguez, que mañana miércoles reclamará explicaciones al consejero González Ortiz por el gasto público en arrendamientos de la Comunidad autónoma, no se explica “cómo es posible que la Consejería de Economía, que tiene su sede central en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, consienta tamaño despilfarro en su sede tinerfeña, que no admite comparación alguna en términos de gastos con ninguna otra sede oficial en toda Canarias”.

“Los 3,3 millones de euros anuales que los canarios abonamos por la sede de Economía y Hacienda en la capital tinerfeña representan un tercio del total del gasto en arrendamientos de dependencias públicas presupuestado por el Gobierno de Canarias”. Rodríguez considera que “a pesar de que el Gobierno presuma de la reducción progresiva en gastos de alquiler, la realidad demuestra que siguen sobrando muchas sedes y dependencias que bien podrían desarrollar sus funciones en común con los Cabildos Insulares o en otras dependencias autonómicas”. “En concreto -indicó- el alquiler de la sede del Consejo Económico y Social, ubicada en el edificio Marina en Las Palmas de Gran Canaria representa un gasto mensual de 7.341 euros.

Al año, 88.092 euros que pagamos todos los contribuyentes. Y el alquiler de la sede del Consejo Escolar de Canarias, en el casco histórico de La Laguna, supone un desembolso mensual de 3.762 euros. Al año, 45.144 euros”. Rodríguez asegura que “ambas instituciones podrían reunirse perfectamente en dependencias autonómicas ya existentes de las consejerías de Economía y de Educación, con el consiguiente ahorro anual de 133.000 euros”.

De igual forma, el portavoz popular señaló “la existencia de dependencias prescindibles como las asociadas al ente público de RTVC, que de privatizarse dejaría de comportar un gasto de 28.060 euros al mes. Es decir, 336.720 euros al año. Asimismo, el alquiler de la oficina del Gobierno en Madrid, que la mayoría de autonomías han cerrado, supone un desembolso mensual de 10.718 euros. Al año, 128.616 euros”.