El diputado autonómico del Partido Popular, Felipe Afonso, denunció hoy en la Comisión de Asuntos Sociales, Vivienda, Cultura y Deportes, la “crítica situación financiera” de la empresa pública Viviendas Sociales de Canarias (Visocan), y expuso que su deuda acumulada roza los 240 millones de euros, para una cifra de negocios de apenas 30 millones, mientras acumula un stock de, al menos, 800 viviendas vacías.

Afonso recalcó, además, que la Comunidad Autónoma ha tenido que socorrer con 15 millones de euros a la entidad, para evitar que entrase en insolvencia. “La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda ha reconocido que carecemos de crédito para afrontar obligaciones vencidas, lo cual contradice a su presidente, Paulino Rivero, quien dice estar planteándose todavía si acude o no al Fondo de Liquidez Autonómico”, apuntó.

“Esta gestión tan impresentable jamás se permitiría en una empresa privada –apostilló-, especialmente cuando su volumen de venta y prestación de servicios ha bajado un 75% desde 2011 y dispone, que sepamos, de cerca de 800 inmuebles sin ocupar, algunos de ellas desde el año 2006, haciendo caso omiso al drama que atraviesan los más de 26.000 solicitantes de una vivienda protegida en las Islas”.

El diputado del PP anunció que, ante la falta de compromiso del Gobierno canario con este problema, más de 400 casas de Visocan deberán ser arrendadas este año como viviendas libres, debido a que el Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2013 no contempla ayudas al alquiler. “En este contexto, solo dispondrán de las cantidades que prevé el Gobierno de la Nación”, afirmó.

Felipe Afonso señaló que Visocan debería fusionarse con el Instituto Canario de la Vivienda, “pues no tiene sentido mantener un modelo de gestión duplicado que conduce a la quiebra técnica, dado el volumen de deuda acumulado”.

100.000 quejas acumuladas

En otro orden de cosas, y respecto al último informa del Diputado del Común, la diputada Milagros Bethencourt, recordó que el Partido Popular aboga por suprimir esta figura y que sean los parlamentarios quienes asuman su función, “toda vez que el Gobierno regional se empeña en mantener este gasto en su presupuesto, pero hace caso omiso a las reclamaciones que le plantean los ciudadanos”.

“De hecho –afirmó-, si los canarios presentaran quejas por cada incumplimiento del Gobierno, los 2.000 afectados por la Hipoteca Joven, los 26.000 demandantes de viviendas sociales, los 30.000 dependientes sin dictaminar, y las 35.000 personas con algún grado de discapacidad que esperan un certificado de minusvalía, colapsarían al Diputado del Común con 100.000 peticiones”.

Bethencourt aseguró que “Canarias iría a la ruina si el Gobierno regional tuviera tan solo que responder a las denuncias de los afectados por estos miles de expedientes que se acumulan en el Departamento de Políticas Sociales y Vivienda, mientras la consejera Inés Rojas se limita a despejar balones fuera y a culpar de todo al Partido Popular”.