Sí se puede se suma al manifiesto a favor del cultivo tradicional y sostenible del plátano en Canarias, un documento que se dirige al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas Puchades, y a los cargos electos de todos los partidos presentes en el Congreso y el Senado para evitar que la aprobación definitiva de la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria condene a los productores canarios a vender por debajo de los costes de producción.

Esto es lo que ocurrirá si, en el debate en el Senado, se mantiene la enmienda promovida en el Congreso por Nueva Canarias (NC), por encargo de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), una entidad que no representa a la totalidad del sector.

A juicio de Sí se puede, “es imprescindible conseguir que la aprobación definitiva de la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria, al pasar por el Senado, contemple los intereses de todo del sector productor de plátano en Canarias y se retiren los cambios que NC introdujo en la ley por encargo de Asprocan, porque hay que evitar que los productores se vean forzados a comercializar a precios mínimos y por debajo de los costes de producción”, asegura Guacimara Navarro como portavoz de la Comisión Permanente Canaria de la organización ecosocialista.

El documento analiza detenidamente los tres cambios introducidos a través de esta enmienda. Respecto las ayudas del POSEI, los firmantes del manifiesto plantean la necesidad de revisar los contenidos actuales del borrador de la ley para redactarla de forma que se garantice el reparto de la ayuda con otros criterios, más eficientes, que incluyan “la creación de empleo, la fijación de población al medio rural, el uso de métodos de producción más compatibles con la conservación del medio ambiente y el paisaje, las zonas productoras tradicionales”, entre otros factores que aseguran la sostenibilidad.

Respecto a la fijación del precio, el documento propone fijar una media semanal, de forma que haya 52 precios anuales, o una media por contrato. Finalmente, rechazan el que esta ley permita el establecimiento del precio de compra–venta al concluir el proceso de maduración, porque esto “significa dar rango de ley a la venta a resultas, cuestión hoy prohibida por la legislación”. Esta medida coloca a los factores encargados de la distribución como protagonistas del establecimiento de los precios de acuerdo a sus intereses y relega a los agricultores.  Por tanto, estos dos puntos, “además de ser una injusticia y una ilegalidad, nos dejarían peor de lo que estamos en la actualidad”, establece el documento.

El manifiesto subraya que el cultivo del plátano en Canarias se ve amenazado, en primer lugar, por la creciente desigualdad de condiciones en las que compite el producto canario debido a la progresiva liberalización de los mercados internacionales, donde se enfrentan a la competencia desleal de los plátanos procedente de Latinoamérica y África, debido a la reducción forzada de su precio y a su producción en condiciones sociales y medioambientales inaceptables en la Unión Europea.

Por otro lado, también significa una amenaza a la producción la resistencia de Asprocan a establecer una representación democrática y transparente del sector, dado que en este organismo las decisiones se toman según los kilos comercializados y no de acuerdo a la cantidad de productores implicados, de forma que no se tiene en cuenta el interés socioeconómico de esta actividad agrícola en Canarias.

Esta falta de funcionamiento democrático de la representación del sector es lo que explica la actuación de Asprocan como grupo de presión, al conseguir, a través de Nueva Canarias, una revisión de la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria, durante la fase de trámite parlamentario en la Comisión de Agricultura del Congreso, donde se aprobó una enmienda de excepcionalidad “impulsada a espaldas de los pequeños y medianos productores”, destaca Navarro.