La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, que dirige Jéssica de León, ha incluido en el borrador del anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas las propuestas realizadas por la ciudadanía durante la fase de consulta pública, desarrollada entre el 26 de octubre y el 26 de noviembre de 2023.

En un informe publicado este miércoles en el Portal de Transparencia, la Consejería ha dado cuenta de las 5.083 aportaciones que se realizaron por parte de la población, clasificándolas una a una. Se incluyen, además, dos sugerencias que fueron admitidas y valoradas por los técnicos, a pesar de que se presentaron fuera de plazo.

El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, afirmó que “se ha tenido en cuenta aspectos que la ciudadanía ha puesto de manifiesto como la preocupación por la sostenibilidad, la calidad o la competitividad”. Asimismo, ha informado que en aproximadamente quince días se verá reflejado el resultado del borrador de la ley a disposición pública.

Entre las iniciativas ciudadanas, destaca, por ejemplo, la creación de un distintivo o sello de calidad para premiar a las viviendas vacacionales que cumplan con una serie de requisitos vinculados a servicios o equipamientos. También la propuesta de limitar el impacto ambiental de este tipo de alojamientos, a los que se propone requerir unos mínimos de eficiencia energética, como la instalación de energías renovables, la separación de residuos, el cumplimiento de la normativa de ruidos o de la normativa RITE para instalaciones térmicas.

Además, a iniciativa de la ciudadanía, la comunidad de propietarios tendrá un papel determinante a la hora de permitir o no la constitución de una vivienda vacacional, con el fin de que esta actividad no altere la calidad de vida de los vecinos. Según explica el informe, así lo avala, además, la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo (TS), cuyas interpretaciones definirán la posibilidad y la forma de implantar viviendas vacacionales en edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal.

Aquí es importante destacar que los Ayuntamientos, a través del planeamiento urbanístico, tendrán potestad para limitar la concentración de viviendas destinadas a alquiler vacacional en un mismo bloque, con el fin de evitar el riesgo de gentrificación y turistificación.

De igual forma, los municipios son los competentes para delimitar la altura o la planta en la que puede ubicarse una vivienda vacacional, tal y como solicitan muchas de las aportaciones registradas. Sin embargo, para aquellos casos en los que el planeamiento municipal no se pronuncie, la ley que impulsará el Gobierno de Canarias incluirá normas de aplicación subsidiaria.

También, a propuesta de la ciudadanía, se determinará la capacidad de carga de cada territorio, de acuerdo con indicadores de sostenibilidad y límites de cambio aceptables. En este sentido, el estudio es contundente al afirmar que la futura ley debe tener en cuenta “el nivel de presión humana o turística que puede soportar cada uno de los núcleos de población de las islas Canarias, que es diferente según la isla que se trate, y no puede ser ajeno al marco jurídico relativo al derecho constitucional a una vivienda digna, adecuada y a precios asequibles”.