El secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Andrés Hermida, ha afirmado hoy que la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es una prioridad de este Gobierno.  Así lo ha expuesto en  la Conferencia Internacional sobre la Dimensión Externa de la Política Pesquera Común que, organizada por el Consejo Consultivo de Aguas Lejanas se ha celebrado en Las Palmas.

Para hacer frente a esta lacra, el secretario general ha resaltado varios elementos clave como son el compromiso político e implicación de los dirigentes de los países, la existencia de una base legal suficiente para poder actuar con toda garantía, la capacidad de análisis de la información disponible y la cooperación internacional, dada la dimensión que adquiere la pesca ilegal.

En cuanto a España, ha señalado que la base legal se centra en la normativa de la Unión Europea y la orden nacional que regula el control de importaciones y las medidas de acceso a puertos españoles.

Entre las normas nacionales, Hermida ha hecho especial hincapié en la modificación de la Ley de pesca nacional de finales del pasado 2014, que ha reforzado la lucha contra la pesca ilegal y las medidas que la Administración española puede adoptar para ello.

Esta nueva normativa nacional, ha explicado, crea una infracción específica para poder sancionar cualquier vinculación de un español con buques declarados de pesca ilegal, además de los tripulantes. De esta manera, estas actividades son consideradas infracciones muy graves y cada una de ellas puede ser sancionada con hasta 600.000 euros.

OPERACION SPARROW

Hermida ha explicado que en base a la aplicación de las nuevas medidas, se han llevado a cabo investigaciones durante varios meses, y, gracias a la cooperación internacional con terceros países, se ha conseguido construir una base suficiente para dar los siguientes pasos y plantear las oportunas autorizaciones  de entrada en sedes de empresas, con un organigrama de vinculaciones.

Así, ha indicado el secretario general,  se han desarrollado las operaciones Sparrow, centradas en la búsqueda de los vínculos entre nacionales españoles  y buques declarados ilegales. Unas investigaciones que, gracias a la cooperación internacional, han detectado la relación de empresas presentes en diversos terceros países, pantalla de empresas con sede en España, y han permitido llevar a cabo las acciones conocidas de esta operación.