La Comisión de Justicia del Senado aprobó, esta semana, la Moción defendida por la representante gomera, Yaiza Castilla, dirigida a mejorar las condiciones económicas de los abogados del turno de oficio. En palabras de la senadora, la asistencia jurídica gratuita “ha sido un sistema denostado, con disparidad de criterios según las autonomías y que requiere una reforma sustancial, a fin de garantizar y dignificar tal servicio fundamental”.

Castilla señaló durante su intervención que los honorarios que reciben estos profesionales “son totalmente insuficientes”, al mismo tiempo que apuntó a la necesidad de corregir esta situación para “que todos los ciudadanos tengan acceso al derecho a la tutela judicial efectiva y a ejercer sus derechos e intereses legítimos, sin verse condicionados por la falta de medios”.

La senadora aseguró que a pesar de las condiciones económicas, el XI Informe del Observatorio de Justicia Gratuita muestra que es un servicio prestado por más de 45.300 abogados, y es uno de los que mejor funciona a menor coste. “Apenas 5,13 euros por ciudadano”, apuntó, antes de señalar que “desde 2011 la inversión del Estado y de las Comunidades Autónomas ha ido a la baja”.

Asimismo, Yaiza Castilla recordó que a los bajos honorarios se le suman “otras mejoras absolutamente necesarias para el sector”. En esta línea, aludió a la implantación del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita en todos los Colegios y Administraciones, al igual que lograr un “cierto grado de homogeneidad en las decisiones de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita”.

“Es fundamental dignificar la labor que desarrollan abogados y procuradores, porque el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita es un servicio que afecta a derechos fundamentales”, reiteró Castilla, quien hizo énfasis en la reforma del marco legal de la justicia gratuita “escuchando la voz y la experiencia de aquellos que prestan tan importante labor”.

Además, la senadora expuso que la Moción aprobada propone actualizar las compensaciones económicas de los abogados que prestan su asistencia en el turno de oficio, mediante la adaptación del Reglamento de asistencia jurídica gratuita. Al igual, que se insta al Estado y a las Comunidades Autónomas a que sigan colaborando conjuntamente para mejorar la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita, en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional.

“Es momento de dignificar una profesión fundamental como lo es ésta, por el bien de la tutela judicial efectiva y por el ejercicio de los derechos e intereses de los más desfavorecidos”, concluyó Castilla.