La Audiencia de Navarra rechaza poner en libertad a "La Manada"
Alega falta de motivación, pero uno de los magistrados ha votado a favor de su libertad
La Audiencia Provincial de Navarra ha rechazado la petición de puesta en libertad de los cinco integrantes de «La Manada», tal y como habían solicitado los abogados de los acusados al finalizar el juicio por la presunta violación grupal de los Sanfermines 2016, el pasado martes día 28.
El primero en solicitar la puesta en libertad fue el abogado Jesús Pérez, que defiende al guardia civil, AMG. Consideraba que durante el juicio se había demostrado que los acusados debían ser puestos en libertad. Incluso, en las conclusiones finales, señaló por escrito que «se han vulnerado los derechos fundamentales» de su defendido al haber permanecido 16 meses en prisión. A continuación se sumaron a esta petición los otros dos abogados que defienden a los acusados.
Los magistrados, con un voto particular, han alegado la falta de motivación para su puesta en libertad y considera que deben esperar la sentencia en la misma situación que han estado hasta ahora. La decisión final del tribunal se conocerá en las próximas semanas, casi seguro que después de Navidad.
Según algunas fuentes judiciales, esta decisión podría guardar relación con la decisión final que tomen los magistrados. Pero también es cierto que no es la primera vez que se solicita la puesta en libertad de los acusados. A lo largo de la instrucción se solicitó, al menos en dos ocasiones, y mientras se esperaba la celebración del juicio, también fue solicitada.
En este caso, los mismos magistrados que han presidido el juicio ya rechazaron su puesta en libertad los pasados meses de julio y de septiembre. Y también en aquellas ocasiones se produjo un voto particular, que consideraba que al no haber riesgo de fuga y ni peligro de que destruyeran pruebas podían esperar en libertad con algunas medidas cautelares.
Los cinco acusados están en prisión desde su detención el 7 de julio de 2016, horas después de ocurrir la presunta violación, tres de ellos en Pamplona y los otros dos, un guardia civil y un militar, en Madrid, en una cárcel para funcionarios de estos cuerpos.
A todos ellos la Fiscalía les acusa de un delito continuado de agresión sexual, intimidación y robo con violencia por los que en sus conclusiones finales este lunes pidió para cada uno 22 años y 10 meses de prisión.
Las defensas por su parte reiteraron este martes, en la última sesión del juicio, la petición de absolución para sus patrocinados, que en el uso del derecho a la última palabra se declararon «inocentes» de todos los cargos, salvo el guardia civil del robo del teléfono móvil de la denunciante, y mostraron su «confianza» en la justicia.