Fue la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, la que primero levantó la voz cuando el presidente Mariano Rajoy anunció en el pleno del miércoles 11 por dónde iría la ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que incluye, entre otros aspectos, la reducción del 30% de concejales en los ayuntamientos (21.338 menos): "Todos tenemos que hacer sacrificios, pero no todos tenemos la misma culpa", advirtió la regidora del tercer municipio de España, que se ha hecho así portavoz del malestar que cunde entre los alcaldes del país, en general, y del PP, en particular.

Los conservadores gobiernan en más de 3.600 municipios de los más de 8.100 existentes y en 3.317, lo hacen con mayoría absoluta. Logra así el PP la mayor concentración de poder municipal en la democracia. A pesar de todo, según confirman fuentes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ni ésta ni ninguno de ellos ha tenido la posibilidad de trabajar con el Gobierno en la elaboración del informe que aprobó este viernes el Consejo de Ministros, algo que, "como mínimo, es desconcertante".

Medidas psicológicas
En línea con las declaraciones de Barberá, los responsables locales recuerdan que la deuda pública viva de 2011 ascendía a 800.000 millones de euros, de los que sólo 28.000 (3,5%) corresponden a los ayuntamientos. La alcaldesa de Valencia sostuvo asimismo que su ayuntamiento y la mayoría de ellos han aplicado "a rajatabla" y cumplido el plan de estabilidad.

La sensación que cunde entre los alcaldes es de que están siendo criminalizados injustamente por la crisis y que, de todas las Administraciones existentes, están siendo los peor tratados, cuando han sido los que más y mejor han cumplido.

Barberá recordaba que las Comunidades Autónomas y el Estado han incumplido mucho más sus obligaciones económicas y no se les obliga a asumir una ley de racionalización y estabilidad. Aunque más sutil, también el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha mostrado sus reservas hacia las intenciones del Ejecutivo de Rajoy.

De la Torre aseguró que la reducción de concejales es una medida de "alcance psicológico o político", como mucho, y en absoluto presupuestario, pues la mayoría de los concejales de municipios pequeños no cobran o cobran cantidades simbólicas. Asimismo, el regidor malagueño pidió que se cuente con las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos para trabajar en un tema tan "complejo" como es la racionalización de la Administración Local.

Y Zoido, de salida
A este respecto, las fuentes consultadas en la FEMP consideran una "mala casualidad" que su presidente y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, esté de salida desde hace varias semanas por su salto este sábado al liderazgo del PP andaluz. "La FEMP se ha quedado descolgada en el momento en que debería haber sido más reivindicativa de su papel y participado al cien por cien en la legislación local", asegura uno de sus miembros.

Del sucesor de Zoido, todavía no se sabe nada, según ha indicado el portavoz de la Federación y alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, que informó además de que es una decisión que corresponde tomar a la dirección nacional del PP. Zoido confirmó el pasado mes de junio que renunciaría a la presidencia de a FEMP, pero no a la Alcaldía de Sevilla, si resultaba elegido presidente del PP-A.

El Gobierno, a través del Instituto Nacional de Administración Pública, envió el 25 de mayo una "Propuesta de modificación de la Ley 7/1985 de las bases del régimen local (LRBRL) en relación con las competencias de las entidades locales" a todos los grupos parlamentarios y a la FEMP. Todos ellos respondieron con alegaciones relativas, especialmente, a una mayor concreción de esas competencias; a las reservas que generan la supresión de las mancomunidades y la mayor asunción de poder por parte de la diputaciones provinciales, y al papel interventor de las Comunidades Autonómas y del Estado en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria o financiera, que podrían vulnerar el principio de autonomía local, recogido en la Constitución y enfatizado en la doctrina del Tribunal Constitucional.

"No sirve para nada"

Los alcaldes de los pequeños municipios también muestran su descontento. El diputado provincial pontevedrés y alcalde de Meaño por el PP, Jorge Domínguez, es contundente sobre la supresión de concejales: "Aquí no sirve para nada. ¿Qué más da pasar de nueve a 13 concejales si sólo cobra uno?"

En una carta hecha pública, el regidor recuerda que "el enfermo está cada vez peor" y se muestra escéptico con todos los recortes aprobados en el último Consejo de Ministros, incluida la supresión de las mancomunidades. En la línea de Rita Barberá, Domínguez recuerda que "hay casos en los que las administraciones locales cumplimos, no tendrían que medirnos a todos por el mismo rasero".

Precisamente, es en Galicia donde el refuerzo del papel de las diputaciones por parte del Gobierno levanta más ampollas. El ejemplo del presidente del ente provincial en Ourense, el cacique José Luis Baltar, no puede ser más elocuente: un político que no se somete a una elección directa y que ha hecho de una institución una agencia de colocación y lucro para familia y amigos. Hoy, con la Fiscalía Anticorrupción pisándole los talones. En este sentido, la sensación en la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) es de que, aparte del Estado omnipresente, el mayor poder local lo ostentarán las entidades menos democráticas.