La ruptura entre el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres en el caso Noos ha derivado en un enfrentamiento envenenado por las amenazas de este último y que tendrá como día clave la declaración de Torres, el próximo 22 de mayo ante el juez José Castro. Fuentes próximas al ex socio de Urdangarin señalan que en esta comparecencia, Torres está dispuesto a airear información supuestamente comprometedora sobre el caso. Se trata de un “chantaje grosero e inaceptable, consistente en amenazar con airear correos electrónicos privados que pueden dañar la imagen del Rey”, según interpretan algunos abogados que intervienen en la causa. En la Casa del Rey prefieren no comentar las amenazas veladas de Torres ni elucubrar sobre el contenido de los supuestos correos que pudieran implicar al Rey en gestiones relacionadas con negocios de su yerno. Otras fuentes señalan que el Monarca no teme nada, pues está convencido de que la actuación de la Casa del Rey ha sido correcta, aunque no descarta que Urdangarin haya dicho o escrito en esos correos electrónicos “algo inconveniente” y que Torres, en un “ejercicio lamentable”, intente extorsionar con esos documentos para que alguien pague lo que él ha roto.

El abogado de Torres, Manuel González Peeters, ha desmentido, en un escrito dirigido al juez que instruye la causa, que haya presionado “ni directa ni indirectamente” a la fiscalía de Baleares con la amenaza de divulgar los correos electrónicos si no hay un acuerdo sobre el futuro de su cliente fuera de la cárcel. Acerca de la documentación, el letrado señala: “La información que posee o deja de poseer esta parte no tiene más meta que la de defender a mi cliente”. En ese mismo escrito, Peeters recuerda que en los registros del 7 de noviembre de 2011 los investigadores se incautaron de la documentación que consideraron apropiada. Olvidaron, sin embargo, una bolsa, en la que había un viejo ordenador que iba a ser arrojado a la basura. Fue en ese ordenador donde Torres encontró supuestamente numerosos correos electrónicos que su defensa custodia con celo y de los que, por motivos de seguridad, se han hecho varias copias, que a su vez han sido depositadas en distintos lugares y soportes.

Cinco de esos correos electrónicos han sido incorporados al sumario porque el abogado de Torres los entregó en el juzgado. El juez preguntará, y Torres está dispuesto a contestar, acerca del contenido de esos cinco correos electrónicos, que aluden a una supuesta mediación del Rey en favor de su yerno en un proyecto vinculado a la Copa del América y gestiones de la infanta Cristina para favorecer el mismo proyecto.

Torres, según fuentes próximas a su defensa, remarcará ante el juez que de los Juegos Europeos —un proyecto por el que la Comunidad Valenciana pagó a Nóos más de 300.000 euros, pese a que nunca llegaron a celebrarse— se encargó directamente Urdangarin. Y que si en algunos casos aparece la firma de Torres y no la del duque es porque este le pidió que fuera así, ya que era mejor que él no apareciera.

Torres, según ha contado su abogado, acude ante el juez con la intención de explicar con detalle los negocios que tuvo con Urdangarin incluso después de junio de 2006, cuando el Rey ordenó a su yerno que se desvinculara del proyecto Nóos y de su socio. El exsocio de Urdangarin, según fuentes próximas al caso, está dispuesto a declarar todo lo que sabe sobre la supuesta intermediación de don Juan Carlos mediante supuestas peticiones de ayuda a políticos que gobernaban en Valencia para favorecer algunos proyectos empresariales de su yerno.

Antes de su cita con el juez, el empresario Diego Torres trasladó a la fiscalía de Baleares su interés en alcanzar un acuerdo de conformidad que le permitiera eludir la cárcel a cambio de reparar el daño causado a la Administración y reconocer su culpa por la gestión —compartida con Urdangarin— al frente del Instituto Nóos, un organismo sin ánimo de lucro a través del cual desviaron a empresas privadas casi la mitad de los 10 millones de euros de fondos públicos logrados entre 2004 y 2006 de distintas Administraciones.

El abogado de Diego Torres hizo esas gestiones con la fiscalía cuando intermediarios del duque de Palma ya habían iniciado ese mismo camino. Unos y otros compartieron durante unos días estrategias para evitar la cárcel. Pero los contactos entre los abogados de Torres y Urdangarin en relación a un posible acuerdo con la fiscalía quedaron interrumpidos sin que se conozcan con exactitud las causas, según fuentes conocedoras de la negociación.

La declaración de Urdangarin ante el juez el último fin de semana de febrero —21 horas de interrogatorio repartidas en dos días— marcó la primera brecha profunda con su exsocio. El yerno del Rey atribuyó a Diego Torres toda la responsabilidad sobre las principales irregularidades detectadas durante la investigación judicial. El segundo motivo de la ruptura entre los dos principales imputados del caso Nóos tiene relación con la imputación en la causa de la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, pero no de la esposa de Urdangarin, la infanta Cristina. El abogado de Torres presentó un escrito al juez para que se levantase la imputación de Tejeiro, comparando su situación con la de la infanta, y el letrado que defiende a Urdangarin escribió un recurso para oponerse.

En su primera declaración judicial, Diego Torres —citado antes que Urdangarin— prefirió guardar silencio. Pero, al comprobar que intentaban atribuirle toda la responsabilidad, pidió que le tomasen declaración de nuevo, con la condición de tener la última palabra. El 22 de mayo acudirá otra vez al juzgado de Palma; será el último de los imputados que declare.

Así las cosas, las negociaciones entre personas del entorno de Torres y de Urdangarin no van por buen camino. Según fuentes conocedoras de esas conversaciones, el principal escollo es económico: el exsocio del duque carece ahora mismo de ingresos y pretende que Urdangarin acarree la mayor parte del pago de 3,5 millones que ambos deberían desembolsar para reparar el daño causado al erario público.

El objetivo sería presentar un acuerdo conjunto a la fiscalía, de forma que, asumiendo los hechos y devolviendo la cantidad presuntamente malversada, la fiscalía acepte solicitar para ellos penas de prisión no superiores a los dos años. De esa forma, podrían evitar la cárcel, aunque deberían sentarse en el banquillo de los acusados y aguantar 15 días de juicio.

Fuentes de la investigación consideran que la estrategia de defensa de Torres pasa ahora por lograr que Urdangarin le solucione el futuro. Sabe que no va a volver a trabajar en el sector y pretende que el yerno del Rey le pague una elevada cantidad que le permita seguir adelante a cambio de su silencio para no complicar más el caso ni salpicar a la familia real.

El entorno de Torres denuncia que está siendo sometido a presiones para que no implique al duque de Palma ni a ningún otro miembro de la familia real en su declaración del próximo día 22. Esas presiones se han redoblado desde que, el pasado 16 de abril, remitió al juzgado los cinco correos electrónicos. En su escrito anunciaba que iba a entregar nueva documentación. Sin embargo, tres semanas después no ha realizado ningún movimiento. “Se está cercenando por todos los medios posibles el derecho de defensa y se está ejerciendo una presión intolerable, tanto personal como profesional”, señala su abogado.