El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, un nuevo paquete de ayudas para impulsar el uso del transporte público y contribuir a mitigar las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y el conflicto en Oriente Medio, como la incertidumbre en los precios de la energía, que afectan especialmente a la movilidad cotidiana.

Así, el Gobierno ha dado luz verde a prorrogar las ayudas directas para promover la rebaja de, al menos, el 50% del precio de los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo urbano e interurbano durante todo 2024. En concreto, el Gobierno ha decidido subvencionar durante 12 meses más la rebaja del 30% del transporte a las comunidades autónomas y las entidades locales que se comprometan a implantar y complementar los descuentos para que, como mínimo, se reduzca a la mitad el precio de los servicios de transporte terrestre de su competencia para los viajeros habituales.

Por otro lado, el acuerdo recoge también las particularidades que se aplicarán en Canarias y Baleares, donde el transporte público terrestre colectivo seguirá siendo gratuito para todos los viajeros habituales en 2024.

Las iniciativas, incluidas en el Real Decreto ley aprobado hoy en Consejo de Ministros para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra, se enmarcan en las medidas encaminadas a aliviar el bolsillo de la ciudadanía, a la vez que se incentiva el uso del transporte público colectivo, un modo más seguro y sostenible.

Descuentos del 50%

El Estado destinará un máximo de 660 millones de euros para cubrir el coste de la reducción de un 30% en el precio de los abonos y títulos multiviaje, de forma que las administraciones autonómicas y locales deberán financiar, con cargo a sus propios presupuestos, la cuantía restante para compensar a las empresas y operadores de transporte terrestre. Es decir, deberán financiar una rebaja de al menos el 20% entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.

En este sentido, la regulación recoge mecanismos de flexibilidad como la posibilidad de que, si la implantación efectiva se produce antes del 1 de febrero de 2024, se pueda habilitar un procedimiento para devolver o compensar las cantidades correspondientes por la compra de abonos y títulos multiviaje, excluido el ida y vuelta, que no hubieran podido beneficiarse de la reducción.

Para acceder a las ayudas, las Comunidades Autónomas y las entidades locales deberán presentar una solicitud en la sede electrónica del Ministerio de Transportes antes de 31 de enero de 2024 en la que debe constar el compromiso de implantación de una reducción del 50% de los abonos y títulos multiviaje para viajeros habituales.

Se trata de una medida en la que todas las administraciones competentes han de estar implicadas, que fomenta el uso del transporte público colectivo en la movilidad obligada, como medio más seguro, fiable, cómodo, económico y sostenible que el coche particular, y reduce su coste para la ciudadanía en una coyuntura extraordinaria de incremento sostenido de los precios de la energía y los combustibles.

Canarias y Baleares

Respecto a la gratuidad del transporte público terrestre colectivo para viajeros habituales en Canarias y Baleares, el Real Decreto Ley regula la capacidad de estas Comunidades Autónomas para recibir la financiación que les permita establecer un descuento del 100 % en el precio de los abonos de transporte y títulos multiviaje.

El establecimiento de este descuento se financiará con cargo a los correspondientes créditos presupuestarios del Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible por importe de 124 millones de euros: 43 millones de euros a Baleares y 81 millones de euros a Canarias.

1.464 millones para impulsar el transporte público colectivo

Las políticas de bonificación del transporte urbano e interurbano se suman a la prórroga de un año de la gratuidad y los descuentos de los servicios de Renfe y de las líneas de autobús de titularidad estatal para fomentar una movilidad cotidiana más sana, sostenible y segura. En total, el Gobierno destinará 1.464 millones de euros en financiar las medidas:

600 millones de euros para compensar a Renfe la gratuidad de los abonos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia Convencional y los descuentos del 50% de los títulos multiviaje de Avant
80 millones de euros para compensar la gratuidad de las líneas autobús estatales para viajeros recurrentes.
660 millones de euros para financiar el 30% de los descuentos de los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo de titularidad autonómica y local.
124 millones de euros para la bonificación del 100% del transporte público colectivo terrestre de canarias y baleares.
La extensión de los descuentos durante un año más, recogida en el Real Decreto-ley aprobado hoy. responde al compromiso del Gobierno de garantizar la movilidad obligada cotidiana, contribuyendo a impulsar la cohesión territorial y social, y a la gran acogida de la medida.

Impacto de las medidas

Las políticas de bonificación iniciadas en septiembre de 2022, y prorrogadas en todo 2023, han contribuido a aumentar el uso del transporte público.

En este sentido, se observa un “desacoplamiento” entre la evolución de la movilidad general, el consumo de carburantes y la demanda del transporte público urbano, que permiten deducir la “captación” de usuarios del vehículo privado gracias a las medidas implantadas. En concreto, la movilidad general dentro de las áreas urbanas se ha mantenido prácticamente estable este año, mientras que el consumo de gasolina y gasóleo en automoción cayó un 1,4% en junio de 2023, respecto al mismo mes de 2022, y la demanda del transporte público urbano ha crecido el 21,7%.

En todos los modos se produce un aumento de demanda en valores absolutos a partir de septiembre de 2022 respecto al mes de mayo de 2022 (mes de referencia).

Todos los servicios de transporte público urbanos y metropolitanos han seguido una evolución similar desde enero de 2019 y concretamente desde septiembre de 2022 cuando entraron en vigor los descuentos. Este efecto pone de manifiesto la necesidad de seguir manteniendo la homogeneidad en políticas tarifarias ya recogida hasta el momento.

El transporte público colectivo es un modo de transporte esencial, seguro, fiable, cómodo, más económico y evita atascos frente al transporte en vehículo particular. Por otro lado, es más justo en términos sociales, más inclusivo y tiene un alto impacto positivo en la economía y la industria. Además, es una pieza clave para conseguir los objetivos climáticos y de reducción de emisiones de todo tipo y de mejora de la siniestralidad que nos hemos marcado como sociedad.

El transporte público colectivo permite, además, hacer un uso más eficiente del espacio público y reducir la congestión en las ciudades y en las carreteras de todo tipo. La capacidad de un autobús o un autocar estándar permite transportar a los viajeros de más de 30 vehículos privados y el metro o el ferrocarril convencional pueden acoger a cientos de viajeros en un solo convoy.