El senador socialista por La Gomera, Gregorio Medina Tomé recibió respuesta por escrito por parte del Gobierno de la Nación en relación con una pregunta realizada hace algunos meses en la Cámara Alta interesándose sobre el conocimiento que se puede tener por parte de las autoridades  de determinados fraudes que se realizan a través de llamadas telefónicas o SMS a los teléfonos móviles de los usuarios, utilizando métodos por lo que se accede al código de la tarjeta SIM de los terminales, repercutiendo en ellos el importe  de la factura originada por el uso fraudulento del mismo, sin consentimiento de sus titulares. El Parlamentario se interesaba también en las medidas que se han podido adoptar para evitar estas circunstancias. 

En este sentido, el Gobierno de España ha respondido al Senador, señalando  que  este tipo de fraudes  conforman “un área de trabajo y seguimiento de forma permanente por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en particular por las Unidades especializadas en investigación tecnológica”. 
En este mismo sentido, se ha indicado que para prevenirlos “se emiten alertas y recomendaciones a los ciudadanos a través de las redes sociales y en su propia página web, entre ellas no permitir a persona alguna el acceso físico a la tarjeta SIM ya citada”. 

El Gobierno de España considera que “del mismo modo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan con los organismos públicos competentes para el tratamiento de la seguridad en las (Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), como por ejemplo el Instituto Nacional de las Tecnologías de la Comunicación (INTECO), con la finalidad de garantizar en nuestro país un uso seguro de las redes y sistemas de información y comunicaciones, fortaleciendo las capacidades de prevención, detección y respuesta a los fraudes”. 

Medina Tomé apunta que el Gobierno en su respuesta cree que “para tratar de afrontar estos hechos delictivos conocidos en este ámbito, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuentan con una estructura que combina la obtención y tratamiento de la información e inteligencia criminal con la investigación, a lo que deben añadir otras medidas de coordinación internacional a través de Interpol, Europol y Eurojust y la coordinación y cooperación nacional e internacional con otros sectores públicos y privados afectados, destacando de manera especial la colaboración con la Fiscalía de Criminalidad Informática. 

Por último, en el ámbito del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en caso de recibirse reclamaciones o denuncias se levarían a cabo las actuaciones necesarias para comprobar y sancionar de tales prácticas por parte de la Inspección de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información cuando se aportan datos concretos acerca de la puesta en marcha de algunos de estos mecanismos.