El senador socialista por La Gomera, Gregorio Medina Tomé ha presentado ante el Registro General de la Cámara Alta junto a su homologo por Granada, Juan Manuel Fernández Ortega una moción solicitando que por la Comisión de Fomento de esa Institución “se inste al Gobierno de España a limitar la incorporación de eventuales inversores privados al capital de la sociedad pública AENA Aeropuerto a un máximo de 49%, manteniendo por tanto la titularidad de esta entidad estratégica en manos del Estado”.

Medina Tomé recuerda que el pasado 25 de octubre fue dado a conocer el informe del Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP) sobre el proceso de privatización al que se somete a AENA, elaborado a instancia de esta entidad pública.

Ese organismo avala la venta del 60% del capital de la empresa pública dueña de la red de 47 aeropuertos estatales en España, otros 18 en Latinoamérica y del recientemente adquirido cuatro aeródromo de Londres . “La enajenación se realizará , según apoya el Consejo Consultivo de Privatizaciones, con una colocación institucional de un 30% a un ‘núcleo estable’ de cuatro o cinco accionistas y un posterior tramo del 30% entre accionistas minoritarios”, señala el Senador.

Gregorio Medina apunta que “el calendario que bajara tanto el Gobierno, la dirección de la empresa y el Consejo Consultivo de Privatizaciones sitúa la Oferta Pública de Venta al final del segundo trimestre del año próximo” y en este sentido indica que “la horquilla de valoraciones que manejan los agentes por el 100% de AENA Aeropuertos va desde los 12.000 a los 16.000 millones de euros. En todo caso, en el precio se incluirá la deuda que arrastra la sociedad estatal y que se sitúa en los 13.000 millones”.

La moción del PSOE considera que de “confirmarse el calendario, los porcentajes de las colocaciones de capital, así como las valoraciones por el 10% de la empresa, nos encontraríamos con que el máximo ingreso que podría reportar esta macrooperación de privatización a las arcas del Estado sería de 3.000 millones de euros, aunque, si el precio final de la privatización es inferior al montante de la deuda, también podría saldarse con un ingreso de cero euros”.

Medina es de la opinión de que “el saldo que se recaude será la contrapartida por entregar a empresas privadas unos activos públicos que se han desarrollado a lo largo de casi un siglo en los que se incluye una red de 47 aeropuertos y helipuertos de España, entre los cuales se encuentran dos, Barajas y El Prat, incluidos entre los diez de mayor tráfico de Europa” algo que “los socialistas ponemos en cuestión –agrega—ya que en dicho informe las referencias al precio de la enajenación resultan más que discutibles así como la condiciones también en las que se entregaría la propiedad y la gestión de los activos públicos a empresas privadas”.

“A ello se debe sumar –agrega el Senador gomero—que el informe mismo incorpora elementos que suponen una ruptura total con el Real Decreto de 25 de febrero de 2011 por el que el Consejo de Ministros fijaba un límite claro a la privatización: la enajenación no podría superar una participación minoritaria del 49% y, por tanto, la gestión de las empresas quedaría en manos públicas. Frente a ello el Consejo avala ahora la venta del 60% de las acciones”.

Por  último Medina Tomé cree que “la pérdida de la titularidad pública sobre AENA aeropuertos ocasionará un gran problema al interés general de los españoles, ya que el Estado pierde el control sobre el primer gestor aeroportuario del mundo por número de pasajeros, cuya influencia sobre el desarrollo de la economía española es fundamental”.