Canarias-semanal.org.-El abyecto posicionamiento del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, defendiendo la inocencia de la infanta Cristina en su implicación del caso Nóos, vuelve a colocar a la justicia española en el papel que le corresponde ante la opinión pública: el de una prostituta vendida al postor que mejor le pague. En este caso, el cliente de la ramera ha sido la Casa Real española.
 
Sabiendo que tiene detrás toda la maquinaria fraudulenta, engañosa y embaucadora del Estado, reforzada por el perverso sistema judicial que rige en España, el fiscal Pedro Horrach ha despotricado depravadamente, como sólo los corruptísimos fiscales de la Fiscalía Anticorrupción saben hacerlo, contra el juez José Castro, encargado de que la justicia se cumpla en el caso del instituto Nóos. Como ocurrió con el caso Gürtel, el veredicto de absolución de prácticamente todos los implicados está ya cantado.
 
Todo había ido sobre ruedas para Iñaqui Urdangarín y su real consorte hasta que el magistrado Castro los tomó de la pechera y los sentó en el banquillo de acusados. Intentaba que la justicia española, aunque sólo fuera por una vez, no acabara en la "ley del embudo": ancho para unos pocos, estrecho para muchos.
 
Ha quedado probado -tal y como se dice en terminología jurídica- que la fundación Nóos no se dedicaba a la investigación aplicada, como decían sus estatutos, sino al blanqueo de capitales y al fraude fiscal. La infanta Cristina figuraba como miembro de su junta directiva. Esta descendiente de la casa real española estudió Ciencias Políticas, realizó un máster en Relaciones Internacionales en la universidad de Nueva York, tuvo prácticas en la sede de la Unesco y actualmente es directora del área social de la fundación La Caixa. Sin embargo, cuando fue preguntada por el juez sobre su participación en los delitos de blanqueo de dinero y de fraude fiscal que se habían detectado en el instituto Nóos, aseguró que sus conocimientos económicos eran tan básicos que no sabía lo que firmaba cuando le pasaban documentos.
 
 La función de la infanta Cristina era, como literalmente reconoció su marido, dar "solvencia y prestigio" al instituto. Tras su nombre estaban también los del ex rey Juan Carlos y los de la ex reina Sofía. La fundación Príncipe de Girona, que presidía el entonces príncipe Felipe, hoy ilegítimo rey de España, contó también con una buena parte de los "padrinos económicos" del instituto Nóos. A juzgar por cómo se engrosaron las cuentas de la entidad a lo largo de la década de los noventa, su vinculación con la Casa Real cumplió con creces su cometido.
 

 A pesar de todas estos "hechos probados" por el juez José Castro -utilizando de nuevo la terminología judicial-, el fiscal jefe Pedro Horrach, a los que todos los contribuyentes le pagan un más que generoso sueldo para que combata la corrupción en España, se ha rasgado las vestiduras por la inocencia de la infanta Cristina, ha declarado públicamente que todo es producto de una "conspiración" contra la Casa Real española -lo que recuerda el complot judeo-masónico que siempre obsesionaba al régimen-, ha conseguido que peritos de la Agencia Tributaria declaren en el juicio que la infanta es inocente y habrá ofrecido prebendas -supuestamente, por supuesto- a una inspectora de Hacienda para que, ella también, asegure que la pobre infanta es una subnormal que no sabía lo que hacía cuando firmaba documentos.
 
Una complicidad tan manifiesta con el delito, en este caso de un fiscal cuyo cometido oficial es combatir la corrupción, vuelve a cubrir de mierda la justicia española, cada día más abyecta, prostituida y corrupta.
 

Esta misma Justicia es la que ha condenado a penas de hasta cuatro años a sindicalistas por intentar ejercer su derecho a la huelga, la misma que persigue con saña, apalea, detiene, multa y encarcela a todos aquellos que se manifiestan por la república, la que castigó cobardemente al militar que acusó fehacientemente al rey Juan Carlos de homicidio en la persona de su hermano, la que indulta a los guardias civiles que disfrutan filmando como sus compañeros abusan sexualmente de mujeres indefensas, la que archiva todas las multas que se imponen a un conductor borracho que pone en peligro la vida de peatones y que resulta ser hijo del mismo ministro de Justicia…
 
  Ya no cabe duda, no estamos ante un sistema judicial legítimo, igualitario y, ni mucho menos, democrático. Esto es una orgía de sátrapas corruptos, que están ahí para perpetuar indefinidamente los privilegios feudales de que goza la pervertida casta que fagotiza nuestras instituciones.

 
(*) Tomas F. Ruiz es periodista.