Los españoles mayores de 26 años que nunca hayan trabajado, y por tanto no hayan cotizado a la Seguridad Social, tendrán que demostrar que no tienen ingresos para disfrutar de asistencia sanitaria. Esto es lo que recoge el Real Decreto de Medidas Urgentes para Garantizar la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que señala de manera particular a este colectivo excluyéndole de la cobertura sanitaria. A pesar del texto legal, la ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Ana Mato, negó ayer que el paraguas sanitario vaya a dejar de cubrir a estas personas. “Nadie va a quedar sin asistencia sanitaria. Ningún español va a dejar de tener una tarjeta sanitaria por dinero”, dijo.

La reforma sanitaria, sin embargo, es clara. Confirma que solo podrán gozar de cobertura médica aquellos que denomina “asegurados”: trabajadores, pensionistas, desempleados con prestación o que la hayan agotado. El resto, y aquí se incluiría a los mayores de 26 años estudiantes u opositores, por ejemplo, “podrán ostentar la condición de asegurado siempre que acrediten que no superan el límite de ingresos determinado reglamentariamente”. Ese límite, confirmó ayer una portavoz del ministerio de Sanidad, queda aún por determinar. Hasta ahora se considera sin recursos a una persona que ingresa menos del salario mínimo (Iprem), que está en unos 7.000 euros al año.

Las medidas del Gobierno trasladan a España hasta antes de 1987, cuando los ciudadanos perdían el derecho a la asistencia sanitaria al cumplir 26 años. “Una cifra establecida algo arbitrariamente pero con la idea de que las personas a esa edad tenían normalmente un trabajo y habían salido del hogar familiar”, explica José Manuel Freire, profesor de la Escuela Nacional de Sanidad, que define la medida del Gobierno como un “retroceso histórico”. En esa época, además, todavía no existía un sistema estatal de cobertura para las personas sin recursos —algo que se corrigió por decreto en 1990—. Pero en diciembre de 1987 un real decreto amplió la cobertura sanitaria y suprimió ese límite de edad, garantizando la cobertura sanitaria a los jóvenes que nunca hubieran cotizado. “El acceso más tardío al mundo del trabajo y la incidencia de la crisis económica origina con frecuencia que los demandantes de empleo tengan que vivir a expensas de la unidad familiar y que, sin embargo y por haber superado el límite vigente, no tengan jurídicamente derecho a la asistencia sanitaria”, decía el real decreto dibujando una situación muy similar a la actual.

Desde 1987 no había límite de edad para ser beneficiario de los padres

Desde entonces y hasta ahora, una persona que estuviera en esa situación, por ejemplo los miles de jóvenes que están buscando su primer empleo —más de 166.000, según la Encuesta de Población Activa— en un país en el que la tasa de paro hasta los 25 años es del 49,9%, solo tenían que inscribirse como beneficiarios de sus padres. Sin límite de edad. El único requisito era convivir con el titular del derecho y estar a su cargo.

Aunque también, desde 1990, tenían la opción de tener su tarjeta de manera individual como persona sin recursos. Para ello debían presentar una serie de documentos, según la comunidad autónoma. En Madrid, por ejemplo era necesario entregar un certificado de empadronamiento, una declaración jurada sobre los ingresos económicos y una copia de la última declaración de la renta o un certificado de rentas expedido por la Agencia Tributaria.

Los requisitos a partir de ahora, aclara un portavoz de Sanidad que insiste en que el límite de 26 ya existía en la normativa actual, serán comunes en todas las regiones. “Y las personas solo tendrán que acudir al centro de salud y al solicitar la tarjeta sanitaria definirse como persona sin recursos. No hará falta presentar documentos porque los datos estarán cruzados”, afirma el portavoz del ministerio. “No se puede generar a los jóvenes una alarma de que se van a quedar sin asistencia. No es cierto”, repite.

"Con la reforma trazan la idea de que somos unos vagos", dicen los estudiantes

La reforma, sin embargo, deja flecos pendientes. ¿Qué ocurriría con un joven a quien se le ha dejado en herencia una tierra que le reporte algún ingreso? “Entonces ya no es una persona sin ingresos. Puede darse de alta como autónomo”, dicen en el ministerio que dirige Ana Mato, donde explican que para este (el de los rentistas) y otros casos particulares se harán convenios “especiales” con la Seguridad Social. “La casuística es amplia”, dice.

A pesar de estas grietas, y del cambio de modelo y del retroceso que implica hablar de “asegurado” en lugar de ciudadano, la ministra de Sanidad mantuvo ayer en el Congreso que la sanidad sigue siendo universal. “Lo cierto es que hoy más que nunca la Sanidad está garantizada para todos los españoles”, afirmó. Añadió que la reforma se ha llevado a cabo para “garantizar la sostenibilidad del sistema”.

Tohil Delgado, secretario general del Sindicato de Estudiantes, cree que la reforma del Gobierno “criminaliza a los jóvenes”. “Hay una intencionalidad política muy clara. Quieren trazar la idea de que los jóvenes somos unos vagos, que no trabajamos y que si no trabajamos no podemos tener derechos”, manifiesta. “Ahora qué joven con 26 años tiene un empleo remunerado. ¿Tienen que demostrar que están en la indigencia para tener sanidad pública? Es una indefensión completa, están esquilmando el Estado de bienestar”, dice.

A Albert Jovell, presidente del Foro Español de Pacientes, la medida le asusta. “Es discriminatoria, es como si por ser ciudadano y español tuvieras que demostrarlo. Estas cosas solo deberían cambiarse por votación”, critica.