En días atrás comprobamos que barato sale en el Estado español contaminar toda la costa gallega, y parte de la asturiana, cántabra, vasca y el sur de Francia. La sentencia por la tragedia del petrolero ‘Prestige’ se saldó con la absolución de los acusados.

Sin embargo, si eres una persona solidaria con el mundo que te rodea y te parece del todo injusto que el Ayuntamiento de Madrid, bajo el mando de la alcaldesa Ana Botella, y bajo la marca de la Empresa Municipal de la Vivienda, desahucie a una familia sin recursos dejándolos en la calle, pues eso no sale gratis. Le ha pasado a Patricia, vecina del barrio de Hortaleza, en Madrid.

Por el hecho de sentarse en el portal junto a decenas de personas para evitar el desahucio fue denunciada y acusada por la policía.

Ahora la fiscalía, la que rozando el ridículo actúa casi de abogada defensora de la infanta Cristina por el caso de corrupción que afecta a la hija del Rey y a su marido, Iñaki Urdangarín, pues sin embargo, la fiscalía en este caso pide para Patricia una pena de 3 años de cárcel y el juez le ha impuesto una fianza de 8.900 euros.

Con hechos como este, se entiende uno de los gritos más escuchados en las manifestaciones: “lo llaman democracia y no lo es”.

El caso de Patricia lo explica muy bien el escritor Isaac Rosa en eldiario.es

Escucha la adaptación radiofónica.