La Comisión de Asuntos Exteriores del Senado aprobó hoy una moción, a iniciativa del senador herreño Pablo Rodríguez Cejas, en la que se reitera la reclamación al Gobierno de Venezuela para que abone “en el plazo más breve posible” las cantidades adeudadas a los pensionistas venezolanos residentes en Españas correspondientes a los años 2016 y 2017.

La propuesta fue aprobada con los votos favorables de todos los grupos, a excepción de Podemos, que votó en contra.

Además de solicitar al Gobierno de aquel país que garantice en el futuro y regularmente los abonos, la moción también defiende la “atención a las familias que, como consecuencia de esta injusta situación, están atravesando unas circunstancias de precariedad”. En concreto, esta asistencia se deberá articular a través de los instrumentos de la asistencia social mediante convenios y acuerdos con las administraciones locales y autonómicas, “adecuadamente financiados por el Estado”.

Igualmente, se aboga por “arbitrar los mecanismos oportunos para que el Gobierno de Venezuela garantice la compensación por los gastos originados como consecuencia de esa atención asistencial”.

Durante la defensa de su moción, Rodríguez Cejas subrayó la necesidad de que “el Gobierno de España se implique de manera efectiva, reforzando el diálogo diplomático, para hacer cumplir a Venezuela el convenio de Seguridad Social vigente entre ambos países desde el año 1990” y que reconoce el derecho a esa percepción económica.

El senador indicó que “el problema afecta a los pensionistas venezolanos residentes en España y a pensionistas emigrantes retornados españoles, gran parte de los cuales, por nuestros vínculos con Venezuela, son canarios-venezolanos que regresan a su tierra después de trabajar y cotizar una vida entera allá”.

En concreto, Rodríguez Cejas dijo ser “testigo de lo mal que lo están pasando estas personas, muchas de ellas vecinos y vecinas de El Hierro que están sobreviviendo gracias a la compasión y caridad de sus familiares y amigos, y a la asistencia que se les puede prestar desde los departamentos de Servicios Sociales de los ayuntamientos y cabildos”.
“Son personas –abundó- que lo único que han hecho es trabajar durante toda su vida para ahora, una vez alcanzada la edad de jubilación, disfrutar de todo aquello que con tanto sacrificio y sudor han logrado”.

El senador detalló que el año pasado había censados 5.997 venezolanos pensionistas en Santa Cruz de Tenerife y 1.725 en la provincia de Las Palmas, lo que da idea de la dimensión del problema en Canarias “y también en otros territorios del Estado”.

Rodríguez Cejas recordó que el Parlamento de Canarias ha aprobado recientemente y por unanimidad instar al Estado a que abra negociaciones con Venezuela con el fin de que se cumpla el convenio bilateral de la Seguridad Social y se abonen las pensiones a los jubilados venezolanos residentes en España, estrategia en la que se enmarca su petición en el Senado.

“Hablamos de personas, en su mayoría de avanzada edad, para quienes su pensión era la única fuente de ingresos y, como consecuencia de ello, se han visto abocados a una situación de precariedad, sin posibilidades, en su gran mayoría, para afrontar sus necesidades más elementales como el pago de la vivienda o costearse las medicinas”.