Ante la entrada en vigor el pasado viernes 15 de enero del nuevo Código Penal Militar, aprobado por el anterior Gobierno con los votos en solitario del Partido Popular, AUGC quiere volver a expresar su más firme rechazo ante lo que supone un recrudecimiento en las medidas represoras a los guardias civiles por parte de la Cúpula de la Institución para la que trabajan.
 
Se trata de una medida que ha sido sacada adelante por el PP, como se decía, en contra de todo el arco parlamentario, desoyendo además a las asociaciones profesionales de la Guardia Civil. Es, además, una norma innecesaria que supone un gran retroceso en los derechos sociolaborales de los trabajadores del Cuerpo.
 
Esta nueva disposición sitúa a los guardias civiles en la indefensión más absoluta, ya que su redacción está realizada de tal forma que no permite conocer con certeza y de un modo taxativo los supuestos en los que les será aplicable el Código Penal Militar.
 
Si en la anterior situación quedaba claramente definido que los guardias civiles sólo quedaban sujetos a dicho Código en situaciones de guerra, estado de sitio o misiones militares, con la reforma su aplicación queda sujeta a la interpretación de los tribunales, ya que, como se ha indicado, la redacción final del texto deja abierta la posibilidad de que cualquier guardia civil pueda ser condenado a una pena de prisión militar por una mera discusión de trabajo.
 
Se trata de una circunstancia que, lamentablemente, ya se ha producido recientemente. Así, entre otros casos, cabe destacar el caso de un miembro del Puesto de Garachico que ha sido condenado a 3 meses y 1 día de prisión en una cárcel militar por mantener una mera discusión con un superior.
 
Otra importante novedad que se ha incorporado a este nuevo Código Penal Militar es la consideración del Director General de la Guardia Civil como autoridad militar, algo totalmente innecesario.
 
Igualmente, en la nueva norma se ha incluido de manera sorpresiva la tipificación del delito de injurias a la Guardia Civil, una decisión sin duda dirigida a restringir el derecho a la libertad de expresión y a dificultar gravemente el trabajo de las asociaciones profesionales de guardias civiles, así como su derecho de reunión y manifestación. De hecho, AUGC cuenta en este sentido con claros indicios de que esta medida y las anteriores han sido adoptadas estrictamente para actuar de un modo específico contra las asociaciones profesionales.
 
Pese a todo, AUGC reitera que continuará luchando por la defensa de los derechos sociolaborales de los guardias civiles como hasta ahora, hasta que se reconozca y se repare la discriminación que actualmente sufre este colectivo respecto al resto de policías españolas. En este sentido, la masiva manifestación del pasado 14 de noviembre, con más de 12.000 guardias civiles y sus familiares reclamando en la calle dejar de ser tratados como ciudadanos de segunda, debe servir para que de una vez  por todas se reconozcan en el Congreso los derechos profesionales y personales de los guardias civiles.
 
Con más de 30.000 afiliados, AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización y la desmilitarización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (apdhe).