A. MOLEDO / S. R. BOROBIA.- Embarcaron con sus maletas el siglo pasado para hacer las américas a la otra orilla del Atlántico y ahora ven cómo sus negocios en el sector industrial o la producción agropecuaria que tantos años y trabajo les ha costado desaparecen por una decisión política. En esta situación se encuentran más de 300 empresarios canarios residentes en Venezuela afectados por la reforma agraria del Gobierno de Hugo Chávez desde que hace seis años emprendió la expropiación en masa de fincas rurales y propiedades industriales y urbanas.

La ocupación de tierras disfrazada por el régimen chavista como una supuesta reforma agraria ha dejado en la ruina a 500 emigrantes españoles –más del 30% de origen canario– al ser expulsados de sus propiedades con una mano delante y otra detrás. Las indemnizaciones que se les deben están cifradas en más de 5.000 millones de euros, unos 4.000 millones por las fincas expropiadas a los empresarios canarios.

Ante esta situación de "desprotección" –con desalojos obligados, invasiones, amenazas, persecuciones e incluso secuestros–, los emigrantes enviaron este mes una carta al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y al rey Juan Carlos, para pedirles que hagan cumplir la ley y puedan cobrar lo que Chávez les debe.

Los canarios son los más perjudicados, seguidos de los gallegos (160 afectados), según apunta desde Caracas el presidente de la Federación de Centros Españoles de Venezuela (Feceve), Félix Barbero. Aunque Barbero cifra en 5.000 millones de euros el montante total de las indemnizaciones que todavía no cobraron los emigrantes españoles, aclara que en este cálculo no están incluidos los "grandes emporios", por lo que la cantidad podría alcanzar los 50.000 millones.
El goteo de damnificados es continuo. "Todos los días hay expropiaciones y la situación se ha agudizado desde 2009 al incluir en la reforma a las grandes entidades", denuncian desde Feceve. De hecho, en dos años el número de canarios con terrenos "incautados" se ha multiplicado por cuatro.

Barbero destaca que la Constitución obliga a abonar "el precio justo" de las propiedades expropiadas antes de que pasen a titularidad pública, pero en el caso de Venezuela las tierras se toman con "actos vandálicos" y "pasan años sin que los empresarios reciban su dinero". El miedo se ha apoderado de ciudadanos, que viven en un ambiente de "inseguridad" provocada por "un sistema político que infunde temor". Por eso, muchos prefieren mantenerse al margen de las denuncias –afirma– por miedo a lo que les pueda ocurrir a sus familiares o evitar que " les quiten lo poco que les queda". La "desprotección" ha llegado a tal punto que los secuestros están a la orden del día y la mayoría se saldan con el pago de un rescate por valor de "lo que costaría un terreno". Aún así, desde la organización venezolana han reanudado las protestas, la última celebrada el pasado día 6 ante el Consulado de España en Caracas. Los asistentes firmaron cartas dirigidas al presidente del español, Mariano Rajoy, y al rey don Juan Carlos para que medien ante el Gobierno venezolano y le hagan cumplir la ley ante lo que denominan acciones "ilegales" por parte de Chávez.

En el documento se apunta que al no cumplirse las normas del Estado de Derecho, los españoles afectados han decidido recurrir a las máximas autoridades de su país al sentirse "desprotegidos". Barbero también recuerda que el ex ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos firmó en 2010 un convenio con las autoridades venezolanas para lograr "un pago justo" para las nacionalizaciones, aunque las negociaciones quedaron en el aire y "no se concluyó nada".
El retraso en los pagos ha obligado a los ciudadanos a retomar sus denuncias